Lo único cierto es que el obradorato tratará de impedir que el senador morenista y el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, declaren lo que saben a la fiscalía estadounidense

La información circula a gran velocidad: el senador morenista Enrique Inzunza, ex secretario general de gobierno de Rubén Rocha Moya, pretendería convertirse en testigo protegido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Inzunza, quien se perfilaba para ser el próximo gobernador de Sinaloa, está desaparecido desde que se conoció que el Departamento de Justicia presentó una acusac ión contra él, contra Rocha Moya y contra otras ocho personas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

El acercamiento entre el principal operador político de Rocha Moya con el Departamento de Justicia de Estados Unidos se estaría realizando por medio de sus abogados.

Esta noticia no ha sido confirmada, pero tampoco desmentida. Sin embargo, es digna de tomarse en cuenta porque revelaría los mayores temores de Rocha Moya e Inzuza, así como de sus jefes y cómplices dentro del sistema político mexicano coptado por Morena.

La sola posibilidad de ser enjuiciado y condenado en los Estados Unidos seguramente les provoca desasosiego. Las denuncias hechas por el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, sobre las condiciones en que vive dentro de una prisión de máxima a seguridad, son lo bastante explícitas para quienes —como Rocha Moya— podrían enfrentar una sentencia que iría de los 40 años de prisión a la cadena perpetua.

El tema se presta al análisis porque —de momento— el Departamento de Justicia tiene en la mira a 10 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.

Pero, detrás de ellos, cabe inferir, existe una vasta red de complicidades en los diversos niveles y ámbitos del Estado mexicano.

Es sabido que sobre Rocha Moya está, incuestionablemente, su protector Andrés Manuel López Obrador. Este solo vínculo debe tener muy preocupado el ex presidente de la República (quien supo cómo capturó EE.UU. al dictador venezolano Nicolás Maduro hace cuatro meses). Además de AMLO, ¡vaya usted a saber cuántos presuntos narcopolíticos están metidos en esta traición a México! Han trascendido nombres.

El caso es que Rocha Moya e Inzunza poseen información sumamente comprometedora para políticos de los tres niveles de gobierno, y para ciertos grupos criminales. Por lo mismo, ambos saben que corren peligro mortal en territorio mexicano.

Esto podría motivarlos a entregarse a las autoridades del vecino país del norte, a cambio de algunas concesiones.

Resulta lógico pensar que el obradorato tratará de impedir que eso suceda. La pregunta es si lo conseguirá. Y en caso de ser así, si lo hará por las buenas… El tema del huachicol fiscal ha dejado una trágica secuela de muertes violentas.

¿Hasta dónde querrán llegar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, en el caso del narcoterror que campea en México? No lo sabemos. Pero es lógico pensar que endurecerán sus presiones para ganar votos antes de las elecciones intermedias de noviembre próximo en su país.