La ilusión del orden sin fundamento
Por Oscar Méndez Oceguera
Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial
El orden político no nace de la voluntad de los hombres, sino de la naturaleza de las cosas, y la naturaleza de las cosas remite siempre a Dios.
I. Contra la euforia
Hay una tentación que acecha siempre a los hombres de orden cuando contemplan la derrota electoral de sus adversarios: la tentación de la euforia. Colombia acaba de vivir uno de los comicios más reñidos y reveladores de su historia reciente. Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 por menos de un punto porcentual — poco más de doscientos cincuenta mil votos sobre casi veintiséis millones emitidos. El Pacto Histórico de Gustavo Petro fue derrotado. Petro impugnó las mesas y declaró que «el escrutinio, no un software, determina al presidente». El país quedó partido en dos mitades casi exactas.
Las elecciones de este tipo serán explicadas durante semanas mediante las categorías habituales de la comentocracia contemporánea. Unos hablarán de la derrota de la izquierda. Otros celebrarán el retorno de la derecha. Los más sofisticados describirán el fenómeno como una nueva oscilación del péndulo latinoamericano. Probablemente todos ellos estarán mirando el acontecimiento desde una escala insuficiente.
Porque lo que ha ocurrido en Colombia no pertenece principalmente al orden de las ideologías, sino al orden de las realidades políticas más permanentes. La pregunta que debe plantearse quien lo observa desde la tradición del pensamiento político clásico no es si ha ganado la derecha. La pregunta es otra, más exigente: ¿qué ha ganado exactamente? Y, sobre todo: ¿qué significa ese hecho para el continente que lo rodea?
La respuesta a la primera pregunta obliga a moderar el entusiasmo. La respuesta a la segunda obliga a prestar atención con urgencia.
II. La vacuna ideológica: una advertencia necesaria antes del análisis
Antes de proceder al análisis de las consecuencias — que son el verdadero objeto de este texto — es necesario administrar lo que podríamos llamar la vacuna ideológica. No por suavidad doctrinal, sino por rigor intelectual.
La tradición del pensamiento político católico ha insistido en una distinción que los comentaristas conservadores pasan sistemáticamente por alto: la distinción entre el error en su dimensión práctica y el error en su dimensión principial. Es perfectamente posible que dos fuerzas políticas opuestas en sus propuestas inmediatas compartan idénticos presupuestos filosóficos. Cuando los presupuestos son erróneos, la oposición de las propuestas no produce corrección alguna: produce otra variante del mismo extravío.
Danilo Castellano lo formula con precisión: el problema de la modernidad política no es que haya producido malas aplicaciones de principios buenos, sino que ha adoptado principios malos que no pueden producir aplicaciones buenas independientemente de quién los ejecute. Petro y De la Espriella son hijos del mismo principio: ambos reducen la política a gestión de intereses, ambos carecen de una concepción del bien común que trascienda la suma de preferencias individuales o colectivas.
De la Espriella es un abogado penalista, empresario mediático y outsider de retórica securitaria cuya campaña descansó sobre el modelo populista que América Latina conoce bien: polarización intensa, apelación a la frustración ciudadana, espectáculo sostenido como sustituto de programa. Que haya incorporado el lenguaje de los valores cristianos a su campaña tras describirse en el pasado como ateo no es señal de conversión intelectual. Es el uso de las formas de lo sagrado para legitimar proyectos que descansan sobre principios profanos —el mismo gesto que Castellano identifica como característico de la modernidad política en su fase avanzada—.
Quien espere de De la Espriella la restauración de un orden político fundado en la verdad sobre el hombre y la sociedad habrá de sufrir una decepción proporcional a la ingenuidad de su esperanza. Esta advertencia no invalida el análisis de las consecuencias reales de la elección. Las invalida como objeto de entusiasmo doctrinal. Y esa distinción es fundamental para proceder con claridad.
III. La clave hermenéutica: potestas y auctoritas
Antes de analizar las consecuencias, es necesario colocar en su sitio la distinción que permite leerlas correctamente. Es la distinción que la modernidad ha olvidado, pero que la tradición clásica y cristiana ha sostenido desde sus orígenes: la distinción entre potestas y auctoritas.
La potestas es la capacidad técnica de imponer obediencia, de ejercer la fuerza, de controlar el territorio mediante la coacción. El poder en su dimensión fáctica. Necesaria. Radicalmente insuficiente.
La auctoritas es algo distinto: la legitimidad de mandar, que no deriva de la fuerza ni del procedimiento, sino del reconocimiento —enraizado en el orden moral objetivo— de que quien manda lo hace en función del bien común y conforme a una norma de justicia que trasciende su propia voluntad. Es lo que transforma la dominación en gobierno y el gobierno en servicio.
Esta distinción permite decir simultáneamente lo que el análisis correcto exige: que Petro fracasó; que la sociedad colombiana tiene razón al reclamar orden; que De la Espriella no representa necesariamente la solución; que el orden puede ser aparente sin ser real; y que la autoridad verdadera exige algo más que eficacia.
Calderón Bouchet lo formuló con rigor: entre el ordo apparens —el orden que se ve— y el ordo realis —el orden que es— puede haber una distancia abismal. Una tiranía eficaz produce el primero. Solo la autoridad legítima, ordenada al bien común, puede producir el segundo. De la Espriella puede producir potestas. Si lo hace, habrá resuelto una parte real del problema colombiano —la parte que motivó su elección— con consecuencias positivas concretas para la seguridad de los ciudadanos y para la posición geopolítica del país. Pero si su ejercicio del poder no está ordenado hacia el bien común en sentido auténtico, habrá producido orden sin autoridad. Y el orden sin autoridad es siempre, a la larga, frágil. Porque no tiene raíces en la justicia, que es su único fundamento duradero.
Con esta clave en mano, podemos ahora proceder al análisis de lo que verdaderamente importa.
IV. Colombia como detonador: la mutación que lo explica todo
Lo que ha ocurrido en Colombia no puede comprenderse sin comprender primero el fenómeno que lo motivó. Y ese fenómeno es, desde la perspectiva clásica, radicalmente distinto de lo que los análisis convencionales suponen.
Durante el siglo XX, los desafíos al Estado adoptaban formas reconocibles: guerrillas e insurgencias que pretendían conquistar el poder político para sustituir al Estado existente por otro. El conflicto era frontal, visible, ideológicamente definido. Las organizaciones criminales contemporáneas operan con una lógica completamente distinta y en muchos sentidos más sofisticada. No necesitan conquistar el Palacio de Nariño ni proclamar una república alternativa. No aspiran a la soberanía en su forma visible. Les basta controlar los nodos estratégicos de la circulación económica y social: puertos, aduanas, corredores logísticos, economías regionales, segmentos de las burocracias civiles y militares.
El resultado es lo que debe denominarse con precisión: fragmentación de la soberanía. No ausencia de Estado, sino presencia simultánea de múltiples poderes que compiten por el ejercicio de funciones esencialmente soberanas en espacios específicos. Recaudan recursos. Imponen normas. Castigan conductas. Determinan quién puede vivir y operar dentro de sus territorios. Ejercen iurisdictio —la capacidad de decir el derecho— en sustitución progresiva del poder legítimo.
La transformación es extraordinaria porque modifica la naturaleza misma del problema. El crimen organizado ha dejado de actuar únicamente como fenómeno criminal para convertirse en un fenómeno político de nuevo tipo. No pretende abolir al Estado: pretende convivir con él, penetrarlo, condicionarlo, utilizarlo. Necesita un Estado suficientemente fuerte para construir carreteras y mantener mercados, pero suficientemente débil para no impedir sus operaciones. Estamos ante una perversión de la comunidad política desde dentro, sin revolución y sin guerra declarada —lo que la tradición clásica reconoce de inmediato como la corrupción más peligrosa: la que no destruye la forma sino que vacía el contenido—.
Millones de ciudadanos colombianos llegaron a la conclusión de que ninguna transformación social resulta sostenible cuando esta cuestión elemental permanece sin resolver. Eso es lo que explica el voto del 21 de junio. No una preferencia ideológica. La exigencia natural —inscrita en la naturaleza misma del hombre como animal político— de las condiciones mínimas que hacen posible la vida humana ordenada.
Y es precisamente aquí donde la pregunta decisiva aparece.
¿Qué significa para Washington que Colombia abandone una estrategia de coexistencia con el crimen organizado y adopte otra de control territorial punitivo, precisamente cuando Estados Unidos ha decidido convertir la seguridad continental en una cuestión de seguridad nacional norteamericana?
Ahí comienza la verdadera dimensión continental del problema.
V. Washington y el giro continental: cuando todo se convierte en un solo expediente
Durante décadas, la política norteamericana hacia América Latina funcionó por compartimentos relativamente estancos. La agenda antidrogas tenía sus agencias, sus presupuestos, sus métricas. La agenda migratoria tenía las suyas. El comercio pertenecía a otro ministerio. La seguridad fronteriza a otro. La competencia con China era un asunto aparte, propio de los departamentos de defensa e inteligencia.
Esa compartimentación ha terminado.
Por primera vez desde hace décadas, narcotráfico, migración, fentanilo, seguridad fronteriza, cadenas industriales y competencia con China están siendo tratados por Washington como partes de un mismo expediente. No son problemas paralelos que se gestionan simultáneamente. Son variables de un único problema: la seguridad del espacio hemisférico norteamericano frente a la presión combinada del crimen transnacional y la expansión geopolítica china.
El fentanilo que mata a cien mil ciudadanos norteamericanos al año no es para Washington un problema de salud pública: es un problema de seguridad nacional con dimensión territorial precisa, que fluye desde laboratorios en México, atraviesa la frontera más transitada del mundo y destruye comunidades en el interior de los Estados Unidos. El Darién —convertido en el corredor migratorio más peligroso del hemisferio— no es un problema humanitario: es una falla de soberanía que produce presión sobre la frontera sur. Los puertos del Caribe y del Pacífico no son cuestiones de infraestructura: son nodos estratégicos cuyo control por actores adversarios —chinos, criminales, o ambos simultáneamente— afecta la cadena logística de la que depende la economía norteamericana.
El llamado nearshoring debe leerse en este contexto. No es simplemente una decisión empresarial de relocalización industrial motivada por la pandemia y las tensiones comerciales con China. Es la expresión económica de una doctrina de seguridad hemisférica: la convicción de que la resiliencia industrial norteamericana depende de que las capacidades productivas que no pueden mantenerse en suelo norteamericano se localicen en territorios donde el Estado es capaz de garantizar la continuidad operativa. En términos clásicos: las inversiones buscan la tranquillitas ordinis —el orden tranquilo que hace posible la vida económica— y ese orden solo puede garantizarlo una autoridad capaz de ejercer soberanía efectiva sobre el territorio donde operan.
En este diseño hemisférico, Colombia era la pieza más incómoda. Un Estado que bajo Petro había adoptado una estrategia de «paz total» —eufemismo que Washington leía como coexistencia con el crimen organizado— controlaba el pivote del acceso andino-caribeño: el corredor que une el Darién con el Caribe, que conecta las rutas del Pacífico sur con los mercados norteamericanos, que es el nodo logístico a través del cual fluyen tanto el comercio legítimo como las economías criminales del cono sur.
La victoria de De la Espriella —con el respaldo explícito de Trump, la felicitación inmediata de Milei, la adhesión de María Corina Machado— no es únicamente un resultado electoral colombiano. Es el alineamiento del pivote andino-caribeño con la arquitectura de seguridad que Washington está imponiendo al hemisferio. Y ese alineamiento tiene consecuencias que se propagan en ondas sobre el resto del continente.
VI. Brasil: la incógnita decisiva
Si Colombia es el pivote y México es la frontera —sobre la que volveremos con mayor detención— Brasil es el factor que decidirá si lo ocurrido en Colombia fue una anomalía o el inicio de una tendencia sudamericana. Y esa distinción importa más que cualquier resultado electoral inmediato.
Brasil representa casi la mitad del peso económico, demográfico y territorial de América del Sur. Lo que allí ocurra en el ciclo electoral de 2026 determinará si la derrota del petrismo hemisférico es el primer paso de una reconfiguración profunda o un episodio contenido en una región que sigue siendo, en su centro de gravedad, resistente al alineamiento con la doctrina de seguridad norteamericana.
El problema es que Brasil comparte con Colombia y México el mismo núcleo estructural que este análisis ha identificado como el problema político central del continente: la fragmentación de la soberanía. El Primeiro Comando da Capital, el Comando Vermelho y las organizaciones criminales que controlan extensas regiones de la Amazonia y las periferias urbanas ejercen en sus territorios las funciones esenciales de la soberanía: recaudan, juzgan, castigan, ordenan. El Estado federal es, en esas regiones, una presencia formal sobre una realidad informal que lo supera.
Lula gobierna sabiendo esto. Y gobierna sin enfrentarlo directamente, porque hacerlo exigiría recursos políticos, institucionales y militares que el modelo de coalición que sostiene su gobierno difícilmente puede movilizar sin fracturarse. El resultado visible es un Estado que tiende a administrar la fragmentación de su soberanía en lugar de resolverla —un modelo que Colombia acaba de someter a veredicto popular—.
La derecha brasileña observará la experiencia colombiana como un manual de posibilidades. En 2022, Bolsonaro estuvo a menos de dos puntos de la reelección. Una candidatura que capitalice la demanda de orden en los términos que De la Espriella ha demostrado electoralmente viables —sin la toxicidad personal que le costó votos a Bolsonaro en las ciudades— podría convertir la corrección colombiana en tendencia continental.
Si Brasil gira a la derecha en 2026, el eje Colombia-Brasil-Argentina configurará la primera articulación hemisférica de gobiernos alineados con la doctrina de seguridad de Washington desde antes del lulismo. Eso no sería simplemente un ciclo electoral. Sería la reconfiguración del paisaje político sudamericano por primera vez en dos décadas.
Si Brasil mantiene la continuidad lulista, el mapa quedará partido: Colombia y el arco andino-caribeño alineados con Washington, Brasil y eventualmente México sosteniendo márgenes de autonomía que la presión sistémica hace cada vez más costosos.
Esa bifurcación es la verdadera incógnita estratégica del continente. Y no aparece en ningún análisis convencional porque requiere integrar lo que la mirada compartimentada no puede integrar: la política electoral, la geopolítica y el problema metapolítico de la soberanía en un solo marco de lectura.
VII. México: el epicentro de la presión convergente
Si Colombia es el detonador y Brasil es la incógnita, México es el epicentro. El lugar donde la presión converge con mayor intensidad porque es, simultáneamente, el más expuesto y el menos capaz de absorberla.
Ningún otro país del continente concentra en la misma persona geopolítica tantas variables de fricción simultánea. México es la principal frontera terrestre de la superpotencia norteamericana. Es su primer socio comercial. Es la gran plataforma manufacturera del nearshoring. Es el corredor del fentanilo y el nodo de la migración irregular. Es el territorio donde las organizaciones criminales transnacionales más poderosas del hemisferio han consolidado, a lo largo del sexenio de López Obrador y en los primeros años del de Sheinbaum, lo que este análisis permite describir como la forma más sofisticada del parasitismo político: formas de adaptación recíproca entre poder formal y poderes territoriales de hecho que apuntan a un Estado suficientemente fuerte para integrar mercados, suficientemente débil para no impedir operaciones.
La novedad del momento —y esto es lo que el debate público mexicano no ha querido registrar— es que estas presiones ya no llegan por carriles separados. Llegan unificadas en un único vector. El mismo expediente que en Washington tramita el fentanilo incluye la contención migratoria, la resiliencia de las cadenas industriales, la competencia con China y la seguridad fronteriza. Son variables de un problema único: si el Estado mexicano puede o no puede —o quiere o no quiere— ejercer soberanía efectiva sobre su geografía.
La presión norteamericana sobre circuitos informales de poder —y la exhibición pública de expedientes donde la línea entre autoridad formal y estructuras criminales se ha vuelto progresivamente difusa, aunque no siempre acreditada judicialmente— puede leerse, en su dimensión más profunda, como presión sobre la arquitectura territorial que sostiene la hegemonía política del oficialismo en sus regiones de mayor densidad de control informal. No es solo una exigencia penal. Apunta, si se sostiene con la intensidad que Washington ha demostrado dispuesto a aplicar, al conjunto del poder político mexicano en el ciclo que se aproxima.
La victoria de De la Espriella agrava este cuadro de una manera específica: priva al Estado mexicano de su principal amortiguador retórico. Mientras el corredor andino-caribeño sostenía una estrategia que Washington consideraba, si no satisfactoria, al menos negociable, México podía justificar su propia aproximación como parte de una diversidad regional tolerable. Con Colombia reorientada hacia el alineamiento con la doctrina de seguridad norteamericana, la estrategia mexicana de coexistencia queda expuesta como lo que siempre fue: no una política de pacificación social, sino una renuncia progresiva a la soberanía en los territorios donde el Estado ha decidido no imponerse.
Y aquí yace el nudo que el análisis convencional evita formular. Esta presión sistémica colisiona con el gobierno de Sheinbaum precisamente en la mitad de su mandato —junio de 2026 es el ecuador exacto de un sexenio que concluye en octubre de 2030— coincidiendo de forma milimétrica con la revisión obligatoria del T-MEC prevista para este mismo año. México no puede responder a esta pinza cambiando de retórica. La presión no es retórica. Es estructural. Afecta a la economía política del oficialismo en sus territorios de mayor densidad de control informal, comprometiendo los circuitos de intermediación que organizan la vida de extensas porciones de la población y las redes de lealtad electoral construidas sobre décadas de convivencia entre el Estado formal y las realidades que lo desbordan.
Lo que Colombia enseña desde esta perspectiva —y lo que México aún no ha querido escuchar— es que la cohabitación entre el Estado formal y el poder parasitario tiene un límite que no fija la ideología sino la realidad: el límite en que la fragmentación de la soberanía deja de ser gestionable y se convierte en el régimen normal. Cuando ese límite se cruza, la corrección ya no puede venir desde adentro. Viene desde afuera, mediante las palancas de la condicionalidad comercial, la certificación migratoria, la presión arancelaria y la geoeconómica. Colombia enseña que la tolerancia social al desorden tiene un límite biológico. México descubrirá que la tolerancia estratégica de su vecino del norte también lo tiene.
VIII. La reconfiguración continental: el Grupo de Puebla y el fin de una época
La derrota colombiana tiene consecuencias directas sobre la arquitectura política del progresismo latinoamericano en su dimensión hemisférica. El Foro de São Paulo y su expresión más reciente en el Grupo de Puebla no han sido simplemente plataformas de coordinación electoral. Han sido intentos de construir una hegemonía cultural y política de nuevo tipo: no la conquista del poder por la fuerza, sino la transformación gradual de las instituciones y los imaginarios sociales desde dentro del sistema liberal-democrático heredado.
Colombia bajo Petro era el experimento más reciente y más ambicioso de este proyecto. El fracaso del experimento —y un margen de apenas 0,96 puntos porcentuales revela cuán cerca estuvo de no serlo— no es solo el fracaso de Petro. Es la falsificación empírica de una hipótesis regional.
Más importante aún desde el punto de vista principial: la no-aceptación inmediata de los resultados por parte de Petro —que impugnó mesas, cuestionó el preconteo y declaró que el sistema informático no podía proclamar presidentes— revela la naturaleza del proyecto con una claridad que ningún análisis podría igualar. Un movimiento que pretende construir hegemonía democrática, pero que cuestiona la legitimidad electoral cuando el resultado le es adverso muestra que su adhesión a los procedimientos democráticos es puramente instrumental. Quien no reconoce un orden moral objetivo que trasciende su voluntad no puede reconocer tampoco una derrota que la contraría.
El eje que queda en pie del progresismo hemisférico —Lula en Brasil y Sheinbaum en México— es más frágil de lo que parece. No porque esté electoralmente agotado, sino porque la presión sistémica que este análisis ha descrito no distingue entre coloraciones ideológicas. Presiona sobre la realidad. Y la realidad, en política, tiene siempre la última palabra.
IX. La pregunta que el continente no quiere formular
Lo ocurrido en Colombia no anuncia todavía una restauración del orden político. Anuncia algo más modesto y al mismo tiempo más importante: el agotamiento de una época.
Durante treinta años, América Latina discutió cómo distribuir el poder. Qué ideología administraría mejor el sistema existente. Qué modelo de desarrollo produciría mayor equidad. Qué arquitectura institucional garantizaría mayor inclusión. Todas esas eran preguntas legítimas. Pero eran preguntas que daban por resuelta una condición previa que en realidad nunca estuvo garantizada: la existencia de un Estado capaz de ejercer autoridad sobre el territorio donde esas distribuciones, esos modelos y esas arquitecturas debían operar.
Esa condición previa ha comenzado a colapsar. No de golpe. Progresivamente. Por la acumulación silenciosa de cesiones territoriales, de complicidades institucionales, de adaptaciones pragmáticas al poder de facto que termina siendo más real y más inmediato que el poder legítimo.
Y cuando esa condición colapsa, todas las demás discusiones pierden su fundamento. Ninguna economía funciona sin orden. Ningún derecho puede ejercerse sin una autoridad capaz de protegerlo. Ninguna libertad subsiste allí donde la violencia privada sustituye progresivamente al poder público.
América Latina comienza ahora a descubrir que el problema previo a todos sus problemas consiste en saber si todavía existe un poder capaz de gobernar. No el retorno de la derecha. No el retorno de la izquierda.
El retorno de la cuestión política misma.
La pregunta que el continente no quiere formular —porque su respuesta honesta es perturbadora— es esta: ¿conservan todavía nuestras sociedades la memoria suficiente del bien común para reconstruir la autoridad legítima antes de que la fragmentación de la soberanía se convierta en la forma normal y aceptada de la vida política? No la potestas que impone obediencia. La auctoritas que merece adhesión.
Lo que sí sabemos —porque la tradición del pensamiento político clásico lo enseña con una claridad que ningún empirismo puede igualar— es que esa autoridad no puede construirse sobre el populismo de ningún signo ni sobre principio alguno que prescinda de la verdad acerca del hombre y del bien común que la política existe para servir.
Colombia ha rechazado al populismo de izquierda. Ha elegido al populismo de derecha. Ha rechazado la retórica del cambio sin orden. Ha elegido la retórica del orden sin fundamento.
Ese paso era necesario. No es suficiente.
Las sociedades no se derrumban porque pierdan primero el control de sus fronteras. Pierden sus fronteras cuando antes han perdido la conciencia de aquello que merecía ser defendido. La crisis de la soberanía es, en último término, una crisis del alma política de las naciones. Y ninguna restauración será duradera mientras no se restaure primero la verdad sobre el hombre, sobre la comunidad y sobre el fin al que ambas están llamadas. ●
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