México, Estados Unidos y aquello que significaría tener que recuperar

Donald Trump pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una frase cuya gravedad corre el riesgo de quedar sepultada precisamente por el personaje que la pronunció.

Dijo que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”. Dijo que resulta inaceptable que Estados Unidos comparta aproximadamente dos mil millas de frontera con un territorio “controlado por cárteles”. Y añadió la expresión verdaderamente decisiva: México debe “recuperar el control de su territorio”.

Poco después afirmó, sin embargo, que mantiene una muy buena relación con el Gobierno mexicano, que ambos países han logrado grandes avances y que las propias autoridades mexicanas quieren acabar con los cárteles.

No es poca cosa.

Un presidente de Estados Unidos estaba afirmando, desde la principal tribuna diplomática del mundo, que el Estado mexicano tendría que recuperar un control que, según sus palabras, ya no ejercería plenamente.

Antes de indignarnos convendría hacer un ejercicio más difícil: quitar a Trump de la frase.

Suspender por un momento el juicio sobre el personaje, su política hemisférica, sus intereses estratégicos, su retórica y las intenciones que puedan esconderse detrás de ella.

Y dejar solamente tres proposiciones:

• México sería el epicentro.
• Los cárteles controlarían territorio.
• México tendría que recuperarlo.

La primera es incompleta.

La segunda exige precisión.

La tercera, si fuese cierta, sería terrible.

¿Epicentro de qué?

México ocupa indudablemente un lugar central en la estructura contemporánea del narcotráfico hacia Estados Unidos. Aquí tienen asiento algunas de las organizaciones criminales más poderosas del continente; aquí se encuentran rutas, centros de producción y estructuras capaces de corromper, extorsionar y ejercer formas particularmente graves de violencia y dominio territorial.

Hasta ahí, la expresión de Trump puede comprenderse.

Pero “epicentro” empieza a deformar la realidad si acaba significando que México produce el problema y Estados Unidos simplemente lo recibe.

El narcotráfico no funciona así.

La frontera no separa al productor criminal de una sociedad pasiva. Conecta distintos eslabones de una misma economía ilícita.

Las grandes organizaciones mexicanas ocupan posiciones decisivas en la producción, el abastecimiento mayorista y la logística transfronteriza. Pero una vez que la droga entra en Estados Unidos necesita redes que la reciban, almacenen, transporten, fraccionen, distribuyan, cobren y vendan.

Las propias autoridades estadounidenses describen células vinculadas con organizaciones extranjeras, organizaciones domésticas de narcotráfico, redes regionales, pandillas callejeras y carcelarias, intermediarios y vendedores independientes.

No existe necesariamente un “Sinaloa estadounidense”.

Tampoco hace falta que exista.

La estructura norteamericana es más fragmentada y muchas relaciones son comerciales antes que jerárquicas. Una pandilla puede comprar a un intermediario vinculado a un cártel sin convertirse por ello en parte orgánica de ese cártel.

Un cártel mexicano no necesita gobernar Chicago.

Necesita vender en Chicago.

No necesita poner retenes en Houston.

Necesita que alguien reciba el cargamento, lo distribuya y transforme finalmente la mercancía en dinero.

Son formas distintas de poder dentro del mismo negocio.

Y el circuito continúa después de la venta. El dinero debe concentrarse, ocultarse, lavarse, transferirse o transformarse nuevamente en capacidad criminal. En dirección contraria existe también un flujo ilícito documentado de armas hacia México. ATF ha identificado particularmente a Texas, Arizona y California entre los principales estados de origen de armas recuperadas en México y rastreadas hasta un comprador, con las reservas estadísticas que el propio organismo establece.

Incluso existen casos judicialmente acreditados de funcionarios estadounidenses que han facilitado operaciones de narcotráfico. En agosto de 2026, por ejemplo, un exoficial de CBP fue condenado después de admitir que proporcionaba horarios y asignaciones de carril para facilitar el paso de vehículos cargados de droga por Tecate.

Nada de esto exonera a México.

Pero impide describir seriamente el fenómeno como exclusivamente mexicano.

La imagen correcta no es una flecha.

Es un circuito.

Droga hacia el norte; mercado y redes de distribución dentro de Estados Unidos; dinero que alimenta nuevamente la estructura criminal; armas que también circulan hacia el sur; corrupción, lavado y facilitadores que pueden aparecer a ambos lados.

Por eso los propios gobiernos han hablado de responsabilidad compartida y diferenciada.

La expresión es exacta.

Compartida, porque el negocio no podría alcanzar sus dimensiones actuales sin elementos existentes en ambos países.

Diferenciada, porque las obligaciones de cada uno no son las mismas.

Esa es la primera corrección a Trump.

El narcotráfico no es simplemente un problema mexicano.

Pero esa corrección no responde a la afirmación más grave de su discurso.

Porque Trump utilizó después un verbo:

recuperar.

Y con él cambió completamente la cuestión.

Recuperar

No se recupera aquello que se conserva plenamente.

Lo que se tiene puede protegerse, defenderse, fortalecerse.

Recuperar presupone una pérdida.

Por eso, despojada ya de toda retórica, la pregunta es inevitable:

¿Hay algo que México tenga que recuperar?

Trump no está diciendo simplemente que existen narcotraficantes en México.

Está afirmando algo mucho más grave: que existen espacios en los que el poder criminal ha alcanzado un grado suficiente para limitar o desplazar el ejercicio normal de la autoridad.

Esa es una afirmación sobre el Estado.

Y no debe confundirse con una cuestión cartográfica.

No se trata primordialmente de saber si un municipio continúa apareciendo dentro de las fronteras mexicanas. Evidentemente aparece.

La pregunta es qué ocurre allí.

¿Quién consigue hacer obedecer sus decisiones?

¿Puede una autoridad aplicar la ley sin pedir permiso ni calcular represalias?

¿Puede un comerciante trabajar sin pagar una cuota clandestina?

¿Puede un transportista utilizar una carretera pública sin someterse a reglas privadas?

¿Puede un ciudadano denunciar con la certeza razonable de que su denuncia no será conocida por quien lo amenaza?

¿Puede un alcalde gobernar sin interlocutores armados?

¿Puede una comunidad desarrollar su vida ordinaria sin que otro poder determine aquello que está permitido y aquello que está prohibido?

Ahí está la cuestión.

Una organización criminal deja de ser simplemente una asociación de delincuentes cuando su capacidad de coerción empieza a ordenar materialmente aspectos de la vida común.

Puede no sustituir al Estado por completo.

No necesita hacerlo.

Basta con que consiga imponer tributos, permisos, prohibiciones, sanciones o vetos allí donde sólo la autoridad legítima debería poder establecerlos.

Entonces el daño es cualitativamente distinto.

El delincuente ya no se limita a violar el orden.

Empieza a imponer uno propio.

Y eso toca la sustancia misma de lo político.

Mucho más que territorio.

Por eso, si algo hubiese que recuperar, no serían primordialmente kilómetros cuadrados.

Habría que recuperar la primacía efectiva de la autoridad legítima.

La capacidad ordinaria de la ley para regir la convivencia.

La posibilidad de que el ciudadano realice lo lícito sin necesidad de obtener un segundo permiso.

La libertad del juez para juzgar.

La del policía para cumplir su deber.

La del comerciante para trabajar.

La del agricultor para producir.

La del transportista para circular.

La de la autoridad local para gobernar sin amenaza.

En suma, habría que restaurar un orden en el cual la fuerza criminal vuelva a ser realmente clandestina y perseguida, y no una potencia capaz de negociar de hecho las condiciones de la vida colectiva.

Desde una comprensión clásica de la política, la gravedad está precisamente ahí. El poder no es autoridad por el solo hecho de ser eficaz. El poder criminal puede ser formidable y seguir siendo esencialmente una usurpación, porque no se ordena al bien común sino al interés particular impuesto mediante miedo, corrupción y violencia.

Por eso tampoco basta con hablar de “pacificación”.

Puede existir silencio donde existe miedo.

Puede dejar de haber enfrentamientos porque una organización ha vencido a todas las demás.

Eso no es orden político.

Es dominio.

Si Trump está equivocado llegamos entonces a la primera posibilidad.

Que el Estado mexicano conserve realmente el ejercicio suficiente de su autoridad en todo el territorio y que los cárteles, por poderosos que sean, no hayan adquirido en ninguna parte una capacidad estable para condicionar sustancialmente ese ejercicio.

Si eso es cierto, la declaración de Trump es extraordinariamente grave.

Porque decir ante las Naciones Unidas que México debe recuperar el control de su territorio no equivale a denunciar altos índices de criminalidad.

Es afirmar que un Estado vecino ha dejado de ejercer plenamente una función esencial.

En ese supuesto, Washington tendría que responder:

• ¿qué debe recuperar México?
• ¿qué zona?
• ¿qué comunidad?
• ¿qué carretera?
• ¿qué función pública?
• ¿con qué criterio se pasa de presencia criminal a control territorial?

La afirmación exige una prueba proporcionada a su gravedad.

Si no existe nada que recuperar, haberlo afirmado ante el mundo sería absolutamente inaceptable.

Pero si Trump tiene razón…

Entonces la gravedad cambia de lugar.

Ya no importa demasiado que la frase haya sido incómoda.

Ni siquiera que haya sido diplomáticamente brutal.

Importa que sea cierta.

Porque si existen lugares donde una organización criminal ha adquirido capacidad suficiente para condicionar regularmente a autoridades y habitantes, ya no estamos discutiendo solamente narcotráfico.

Estamos discutiendo una disminución efectiva del orden político.

Y entonces aparecen las preguntas verdaderamente difíciles:

• ¿qué se perdió?
• ¿dónde?
• ¿cómo ocurrió?
• ¿fue la violencia?
• ¿la corrupción?
• ¿la intimidación?
• ¿la impunidad?
• ¿la insuficiencia institucional?
• ¿alguna forma de convivencia o arreglo clandestino entre poderes formales y criminales?
• ¿una combinación distinta según cada región?

No debemos presuponer la respuesta.

Tampoco se sigue de ello que el Gobierno mexicano sea cómplice. Un gobierno puede combatir realmente a una organización criminal y, sin embargo, no conseguir derrotar todas sus formas de poder.

Y aquí aparece una paradoja notable en las propias palabras de Trump.

Cooperar y tener que recuperar

Trump dice mantener una buena relación con el Gobierno mexicano.

Reconoce avances.

Afirma que México también quiere acabar con los cárteles.

Y ambos gobiernos sostienen que existe una cooperación intensa en materia de seguridad.

Entonces la pregunta se vuelve todavía más delicada:

Si el Gobierno mexicano coopera activamente contra los cárteles, ¿qué quiere decir Trump cuando afirma que México tiene algo que recuperar?

Puede que no esté imputando falta de voluntad.

Puede estar imputando falta de capacidad efectiva en determinados lugares.

Y eso sería quizá todavía más grave.

Porque el problema dejaría de ser si el Estado quiere combatir al poder criminal.

Sería si puede impedir que ese poder limite de manera estable su autoridad.

Un problema común, una responsabilidad territorial propia

Aquí debe hacerse la distinción final.

El narcotráfico es un fenómeno bilateral y transnacional.

El mercado estadounidense, sus redes de distribución, el lavado, el tráfico de armas y los casos de corrupción forman parte de la explicación del extraordinario poder adquirido por los cárteles mexicanos.

Pero esa corresponsabilidad no responde quién debe gobernar en México.

Estados Unidos debe hacerse cargo de la parte del sistema que existe y se reproduce dentro de Estados Unidos.

México debe garantizar que ninguna organización criminal llegue a ejercer dentro de México funciones materiales que corresponden al orden público.

No hay contradicción.

Precisamente porque el fenómeno es común, las responsabilidades deben distinguirse.

Es absolutamente inaceptable

Y aquí basta detenerse.

Trump formuló ante el mundo una acusación extraordinaria.

Si es falsa, debe ser refutada con precisión, porque sería absolutamente inaceptable que el presidente de Estados Unidos afirmara que México ha perdido un control que en realidad conserva.

Pero si es sustancialmente cierta, aunque su retórica exagere su extensión, la situación es todavía más grave.

Porque entonces sí habría algo que recuperar.

Y la prioridad no sería discutir la cortesía de quien lo señaló.

Sería saber exactamente qué se ha perdido, dónde se ha perdido, cómo pudo perderse y qué debe hacerse para restablecerlo.

No es necesario ir más lejos.

La gravedad de la frase está contenida enteramente en esa disyuntiva:

si Trump se equivoca, la acusación es gravísima.

Si Trump acierta, aunque sea parcialmente, el problema es mucho más grave que la acusación.

Y entonces ya no estamos ante un escándalo diplomático.

Estamos ante un problema que exige respuesta. ●