George Soros y la arquitectura del mundialismo: el dinero que financia las ideas, la sociedad abierta y la transformación silenciosa del poder político

El poder que no responde

Nuestra época ha perfeccionado una forma de poder para la que todavía carece de nombre. Quien la ejerce no gobierna, no legisla y no juzga. Decide, sin embargo, en buena medida, sobre qué se gobierna, sobre qué se legisla y qué llega a los tribunales. No necesita ganar elecciones, porque no ocupa cargos, ni rendir cuentas, porque nada ha prometido a nadie. Es el poder de financiar las ideas que otros convertirán en ley.

George Soros es su ejemplo más acabado; no su inventor ni su único titular. Desde 1984 ha entregado a las Open Society Foundations más de 32,000 millones de dólares, y la organización declara haber gastado 24,200 millones, de ellos 1,200 millones sólo en 2024. Desde 2023 las preside su hijo. El dato parece menor y lo dice todo: el poder que no se somete a elección se transmite por herencia.

Conviene despejar el terreno. Nada de esto es secreto. La fundación publica sus cifras, enumera sus instrumentos (subvenciones, incidencia ante gobiernos, apoyo a la investigación, litigio estratégico) y declara sus fines. Quien busque aquí una conspiración pierde el tiempo y, lo que es peor, absuelve al sistema: si el mal fuera oculto, bastaría con descubrirlo. No es oculto. Es legal, público y respetado, y por eso constituye un problema político serio y no un asunto de policía. Tampoco interesan la biografía del fundador, que conoció en su juventud dos totalitarismos, ni su origen. Interesa una forma de poder, y esa forma seguiría en pie si mañana cambiara de manos y de signo.

La pregunta, entonces, no es quién mueve los hilos. Es más sencilla y más incómoda: cómo puede alguien pesar tanto en la vida común de pueblos que no lo conocen sin haber dado jamás una orden.

No hace falta mandar: basta elegir

La respuesta está en un mecanismo que no figura en ningún tratado de derecho público y que cualquier director de una organización subvencionada conoce de memoria: la convocatoria.

Un financiador no dicta a nadie lo que debe pensar. Hace algo más eficaz: elige, entre quienes ya piensan, a quiénes dará medios. La asociación elegida contrata personal, publica estudios, litiga, viaja, aparece en la prensa y se convierte en la voz experta. La no elegida sigue reuniéndose los sábados en un salón prestado. Diez años después, cuando un legislador o un juez quieren saber qué opina la sociedad sobre un asunto, encuentran a la primera. La segunda no ha sido censurada. Simplemente no pudo pagar la renta.

Este es el punto que casi toda la discusión sobre Soros pasa por alto. No hay consignas porque no hacen falta. La selección sustituye al mandato. Cada organización es sincera, cada investigador concluye lo que honradamente cree, cada periodista escribe lo que piensa; y el conjunto avanza, sin embargo, en una sola dirección, porque sólo en esa dirección había recursos para avanzar. Nadie obedece y todo coincide. Un poder así no deja culpables. Por eso no cabe acusarlo: hay que entenderlo.

Sus efectos sobre las propias organizaciones son tres, y se observan a simple vista.

El primero: cambian de dueño sin cambiar de nombre. Una asociación pertenece a quien la sostiene. La que vive de las cuotas de sus miembros responde ante ellos; la que vive de una subvención responde ante quien la concede. Redacta sus proyectos en el idioma del donante, mide sus resultados con los indicadores del donante y rinde sus informes al donante. A los vecinos en cuyo nombre actúa no les debe ni una asamblea.

El segundo: la causa se vuelve oficio. Donde había personas que daban su tiempo por un bien, hay profesionales con nómina, y la nómina depende de que el problema dure y de que siga entre las prioridades de quien paga. No es preciso suponer mala fe. Basta la estructura: nadie formula con entusiasmo la conclusión que lo dejaría sin empleo.

El tercero, y el más grave: nace una representación sin representados. Organizaciones de quince empleados y ningún socio comparecen ante parlamentos, cortes y organismos internacionales como «la sociedad civil». La expresión designa hoy, con frecuencia, lo contrario de lo que dice: no lo que la sociedad hace por sí misma, sino lo que se hace en su nombre con dinero ajeno.

El lenguaje de los proyectos lo confiesa sin advertirlo. Las personas a quienes se dirigen no se llaman vecinos, socios ni miembros. Se llaman «beneficiarios» y «población objetivo». Es difícil describir con mayor exactitud el lugar que se les reserva.

El circuito

Visto de cerca, cada eslabón es irreprochable. Lo decisivo es la cadena.

Un mismo conjunto de financiadores sostiene el centro de estudios que formula el diagnóstico, la organización que reclama el remedio, el despacho que lo obtiene en tribunales, el medio que informa del triunfo y el índice internacional que, al año siguiente, califica al país según lo haya adoptado o no. Ninguno recibe instrucciones de los otros. Todos se citan entre sí. El resultado tiene la apariencia de un consenso al que hubieran llegado por separado la ciencia, la sociedad, la justicia y la prensa. Es una sola opinión contada cinco veces.

Dos piezas de este circuito piden que el jurista se detenga.

La primera es el litigio estratégico. En un juicio ordinario, el caso es lo que importa: estas personas, este conflicto, lo que a cada una corresponde. En el litigio estratégico el caso es un medio. Se busca al litigante adecuado, el tribunal adecuado y el momento adecuado para obtener una sentencia que valga como regla general. Lo que no habría reunido mayoría en un congreso se obtiene de un puñado de magistrados y queda fuera del alcance de cualquier votación posterior. El procedimiento es legal. Su efecto es retirar de la deliberación común, una tras otra, las cuestiones sobre las que un pueblo más necesita deliberar: qué es una familia, desde cuándo se protege una vida, qué se enseña a los niños. En México, en Colombia, en Brasil, en Ecuador o en Costa Rica, las mudanzas más hondas del derecho de familia en los últimos veinte años llegaron, en buena parte, por sentencia antes que por ley.

La segunda son los «estándares». Nadie los ha votado. Los elaboran comités, relatorías y organizaciones especializadas; pasan a los informes, de los informes a las recomendaciones, de las recomendaciones a las sentencias, y un día obligan. Entre el momento en que eran la opinión de un grupo de expertos y el momento en que son derecho no ha mediado ningún acto que un ciudadano pueda señalar e impugnar.

A esto se le llama gobernanza, y la palabra es exacta por lo que omite. Gobierno era alguien con nombre, que mandaba y respondía. Gobernanza es un proceso en el que muchos influyen y ninguno firma.

Lo que el dinero quiere

Falta explicar la dirección: por qué este poder, pudiendo promover cualquier cosa, promueve precisamente lo que promueve.

La doctrina declarada es la sociedad abierta: una sociedad que no impone ninguna concepción del bien y se limita a garantizar que todas convivan. La fórmula es atractiva y es falsa, por una razón que no depende de las intenciones de nadie. No se puede subvencionar sin elegir, y no se puede elegir sin un criterio sobre lo bueno. En cuanto la apertura tiene presupuesto, tiene preferencias. Y unas preferencias que se presentan como simple neutralidad disfrutan de un privilegio que ninguna doctrina confesada posee: no tienen que demostrar nada. Quien las discute no es tratado como alguien que sostiene otra tesis, sino como alguien que se opone a la libertad. No se le refuta. Se le clasifica.

Esas preferencias son, además, constantes, y su lógica se entiende mejor mirando al dinero que a la filosofía. La fortuna que financia la sociedad abierta se hizo en los mercados financieros, allí donde la riqueza ha alcanzado su forma más abstracta: no está en ningún lugar, no depende de ningún oficio, no se debe a ninguna comunidad y puede convertirse en cualquier cosa en cualquier momento. Esa riqueza ha encontrado una idea del hombre hecha a su semejanza. Un hombre sin lugar, sin herencia, sin vínculos que no haya elegido y que no pueda revocar. Un hombre, por decirlo en el idioma de los mercados, enteramente líquido.

No hay en ello cálculo, o no hace falta que lo haya. Hay afinidad. Todo lo que ata a un hombre, sea una familia que no eligió, una tierra, una fe, un oficio heredado o una palabra dada, es, visto desde el capital, una rigidez. Y todo lo que lo desata es, visto desde cierta filosofía, una liberación. El financiero y el emancipador pueden trabajar juntos toda la vida sin ponerse de acuerdo en nada más. Así se explica el hecho más visible y menos comentado de nuestro tiempo: que las causas que se presentan como rebeldes cuenten con el patrocinio de las mayores fortunas del mundo, y que casi nadie lo encuentre extraño.

El resultado no es un hombre más libre. Es un hombre más solo, y un hombre solo necesita que alguien administre lo que antes resolvían su familia, su gremio, su parroquia o su pueblo. Cada vínculo que se disuelve deja una vacante, y las vacantes se cubren: con un programa, con una oficina, con una plataforma. El individuo emancipado y la administración omnipresente no son adversarios. Crecen juntos.

La falsa salida

Ante este cuadro se ofrecen hoy dos remedios, y los dos agravan el mal.

El primero es devolver todo el poder al Estado. En el otoño de 2025 el presidente de los Estados Unidos señaló por su nombre a Soros al ordenar a la policía federal actuar contra lo que llamó terrorismo de izquierda, y la prensa informó de que se preparaba una investigación penal contra sus fundaciones, de la que hasta hoy nada concreto ha resultado. Hungría las había empujado a marcharse años antes. Quien aplauda debe saber qué aplaude: un gobierno que decide qué asociaciones pueden existir según le convengan sus ideas. Eso no corrige el vicio; lo cambia de sede. El Estado moderno enseñó, mucho antes que cualquier fundación, que la voluntad de quien manda es la fuente del derecho y que la sociedad es materia que se organiza desde arriba. El mundialismo no ha negado esa lección: la ha heredado y la aplica a mayor escala. Entre el soberanista y el mundialista no hay una disputa de principios. Hay un pleito por una herencia.

El segundo remedio es el millonario propio. Frente al magnate que financia una agenda, otro que financie la contraria; frente a su red de medios, la nuestra. Es el remedio de moda y es la derrota perfecta, porque concede lo único que estaba en discusión: que la vida común es un mercado de influencias donde vence quien más invierte. Un pueblo cuyas convicciones dependen de quién pagó la última campaña ya ha perdido, gane quien gane.

La tradición política que el mundo hispánico conoció, y que el derecho natural clásico formuló, parte de otro sitio. El poder político no crea la justicia: la sirve, y es legítimo en la medida en que la sirve. Las comunidades, sean la familia, el municipio, el oficio o la patria, no son invenciones del legislador ni proyectos de un donante. Existen antes que ambos, tienen sus propios fines y su propio gobierno, y lo que les es superior está para ayudarlas, no para sustituirlas. El orden moral es uno para todos los hombres. De ahí no se sigue que todos deban ser administrados desde un mismo escritorio, esté en Washington, en Bruselas o en Nueva York.

De esos principios se desprende un criterio práctico al alcance de cualquiera. Ante una organización que habla en nombre de la sociedad, preguntar quién la sostiene. Si mañana cesara el dinero que viene de lejos, ¿seguiría existiendo? Si sus propios miembros no la mantendrían, no representa a nadie, por justa que sea su causa. Y la regla vale, sin excepción, para las que nos resultan simpáticas.

Lo que está en juego

El daño mayor no es que se aprueben leyes injustas, aunque se aprueban. Es más hondo y más difícil de ver.

Una comunidad vive mientras sus miembros se ocupan juntos de lo que les es común: lo discuten, se equivocan, lo corrigen, lo pagan de su bolsillo y responden unos ante otros. Ésa es la vida política en su sentido propio, y no requiere grandes escenarios. Ocurre en una junta de vecinos, en un colegio profesional, en una cofradía. Cuando las preguntas llegan ya formuladas, las respuestas ya redactadas y los recursos ya asignados, a los miembros no les queda sino adherirse o protestar. Conservan sus instituciones como se conserva una fachada. Han dejado de ser autores de su vida común para convertirse en su público.

Eso es lo que el dinero abstracto y las estructuras sin rostro están haciendo con nuestros pueblos. No los oprimen. Los dispensan. Les ahorran el trabajo de gobernarse, y con el trabajo se llevan el sentido.

Contra ello no hay atajo. No lo es el Estado fuerte ni el mecenas amigo. Queda lo que siempre hubo: hombres que conocen lo que es justo, que se asocian para servirlo y que lo sostienen con lo suyo. Es poco, es lento y no admite subvención.

La justicia no necesita ser financiada para existir.

Necesita ser conocida.

Y ese es el límite de todo proyecto de reorganizar el mundo: los recursos alcanzan para difundir una idea; ninguno ha alcanzado nunca para hacerla verdadera. ●

Nota

Las cifras proceden de la hoja informativa de Open Society Foundations (noviembre de 2025); los hechos de 2025 y 2026, de la prensa estadounidense. El análisis no presupone obediencia de los beneficiarios ni atribuye a Soros decisiones estatales concretas. La deuda con Vallet de Goytisolo, Álvaro d’Ors, Elías de Tejada, Gambra, Castellano y Ayuso es de fondo, y por eso no se cita a cada paso; de Strange y Deneen se toman, respectivamente, la noción de poder estructural y la alianza entre individualismo y administración.