La resolución del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas exhibe la «mecha corta» del gobierno de Claudia Sheinbaum

México tuvo un papel muy brillante en las relaciones internacionales cuando estuvieron a cargo de personas como Isidro Fabela, Genaro Estrada, Alfonso Garcia Robles y Antonio Carrillo Flores, entre otros; cuando estaban en la SRE grandes especialistas en derecho internacional y existía fundamentalmente un personal profesional en un servicio exterior de carrera.

El sexenio anterior y el actual han tenido la peor política exterior en un mundo cada vez más complejo e interdependiente.

El rechazo precipitado y la fuerte descalificación a una decisión de un comité de la ONU, organización de la que México es parte (y por ello tiene la obligación de respetarla) es algo muy grave, lamentable, vergonzoso y ofensivo contra las víctimas.

Primero, el comité es un árbitro y segundo, su intervención no fue solicitada por otro país o por personas extranjeras. No, las que promovieron la acción ante el comité fueron mexicanas, como las madres buscadoras, quienes (ante la cerrazón de las autoridades mexicanas) acudieron a la ONU con fundamento en un tratado internacional del cual México es parte.

Así, la contraparte del gobierno no es otro país o un grupo de extranjeros, está compuesta por nacionales mexicanos; por eso las madres buscadoras, las ONG, los académicos y expertos apoyaron el acuerdo del comité, y son mexicanas y mexicanas.

El comité es un mediador, un árbitro, no un jugador y menos, la contraparte; por eso, las que se sienten ofendidas son las buscadoras, no la ONU.

SI vemos el documento del órgano de la ONU, es muy diplomático. Nunca afirma ni acusa; solo dice «puede ser», «tal vez», «hay indicios» y, sobre todo, señala que el propósito es apoyar al gobierno de México y a su población para superar el grave problema de las desapariciones. En cambio, la respuesta del gobierno mexicano es hasta grosera: acusa al comité de tendencioso, de que no sabe de derecho internacional, de que es parcial, de que no considera los grandes logros del México actual.

Pero lo peor, lo resuelto por el comité solo tiene un efecto: que el asunto pase a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Las resoluciones de la Asamblea General no tienen fuerza vincularoria por lo que lo peor que podría pasarle al gobierno de México es que se aprueben por la Asamblea unos consejos, unas recomendaciones, que México puede tomar en cuenta o simplemente rechazar.

El actual gobierno de México demostró ser de «mecha corta». Su respuesta precipitada no le ayuda al país y, sobre todo, pierde lo que antes era su principal fortaleza: el respeto al derecho internacional.

Es obvio que no es casualidad que el secretario de Relaciones Exteriores renunciara horas antes que se diera a conocer la resolución del Comité. No es la columna vertebral del Dr. Juan Ramón de la Fuente la que está mal; es la columna de la política exterior mexicana la que tiene un cáncer, y el gobierno rechaza lo que es un diagnóstico.