La crisis peruana como manifestación de la enfermedad política de Hispanoamérica

El Perú no enfrenta únicamente una elección discutida. Enfrenta algo más grave y más decisivo: la posibilidad de incorporarse, una vez más, a la secuencia revolucionaria que desde hace décadas corroe a Hispanoamérica bajo formas diversas, nombres diversos y acentos nacionales diversos, pero conforme a una misma lógica política de fondo. Quien vea en la actual coyuntura peruana una simple pugna electoral entre candidatos rivales no habrá entendido la naturaleza de lo que está en juego. Lo que hoy se ventila en el Perú no es sólo la distribución contingente del poder, sino la pretensión —tan característica de la modernidad política revolucionaria— de someter el orden entero de la comunidad a la voluntad triunfante de una facción que se erige en intérprete exclusivo del pueblo y, por ello mismo, se juzga autorizada para rehacer la constitución, las instituciones y la estructura misma de la vida política.

La elección presidencial celebrada el 12 de abril de 2026, afectada por irregularidades operativas reconocidas por la propia autoridad electoral peruana, ha dejado un proceso políticamente herido. La Oficina Nacional de Procesos Electorales admitió que 211 mesas en 15 locales de Lima Metropolitana no operaron oportunamente y que 63,300 ciudadanos resultaron afectados. Los observadores internacionales no han confirmado fraude sistémico; pero el problema no depende de esa constatación. Una elección puede no estar jurídicamente anulada y, sin embargo, quedar moral y políticamente lesionada cuando el ciudadano deja de confiar en la normalidad de los mecanismos por los cuales el poder se transmite. (reuters.com)

Con todo, el desorden electoral no es sino la superficie del fenómeno. Lo verdaderamente relevante es que esa elección herida coincide con el ascenso de un proyecto político que no pretende simplemente gobernar el Perú dentro del orden vigente, sino reabrir la cuestión misma de su fundamento. Roberto Sánchez, exministro del gobierno de Pedro Castillo y figura emergente del actual proceso, propone una nueva Constitución, revisión estructural del marco económico y rehabilitación política del expresidente Castillo. Tales propuestas no constituyen meras diferencias programáticas propias de la alternancia democrática ordinaria; constituyen, más bien, la reapertura del problema constituyente como instrumento de refundación del régimen. (reuters.com)

Aquí conviene disipar una confusión frecuente. El problema de fondo no consiste en que un determinado candidato sostenga políticas de izquierda o de derecha, intervencionistas o liberales. Tales categorías, aunque políticamente útiles, son secundarias respecto del verdadero asunto. Lo decisivo es el principio político-jurídico que subyace a ciertas propuestas contemporáneas: la convicción de que el orden político carece de fundamento objetivo y puede, por tanto, ser reconstruido según la voluntad soberana de quien logre prevalecer en nombre del pueblo.

Este es, en rigor, el núcleo de la enfermedad moderna.

Toda comunidad política auténtica descansa sobre una verdad previa a cualquier decisión humana: que la ciudad no es producto de la voluntad del gobernante, ni de la asamblea, ni de la mayoría, ni de la constituyente. La comunidad política no es artefacto, sino realidad moral y natural; no es invención del poder, sino forma superior de convivencia que brota de la naturaleza social del hombre y se desarrolla históricamente a través de la familia, de la propiedad, de los cuerpos intermedios, de la tradición jurídica, de la religión, de la costumbre y de todas aquellas mediaciones sociales que preceden al Estado y limitan legítimamente su esfera de acción. El poder político no crea ese orden. Lo presupone. Lo recibe. Lo administra. Lo perfecciona prudentemente. Lo sirve.

Toda política sana parte de ese reconocimiento.
Toda política revolucionaria comienza negándolo.

La lógica revolucionaria empieza exactamente en el instante en que el poder deja de concebirse como ministerio de un orden recibido y pasa a entenderse como facultad de producción normativa originaria. Allí la ley deja de ser razón ordenada al bien común y se transforma en expresión de voluntad. Allí la constitución deja de ser forma jurídica de una continuidad política concreta y se convierte en acto de autoafirmación soberana de un sujeto político abstracto —“el pueblo”, “la nación”, “la mayoría”, “el constituyente”— que se pretende fuente originaria de legitimidad. Allí la política abandona su naturaleza prudencial y degenera en técnica de producción institucional.

Bajo esta lógica, el problema de una sociedad jamás reside en la desviación de sus gobernantes respecto del orden justo, sino en la insuficiencia del propio orden heredado. Toda crisis se interpreta entonces como prueba de ilegitimidad estructural. Toda continuidad aparece como privilegio. Toda tradición jurídica se convierte en sospecha. Toda limitación al poder vencedor es denunciada como obstáculo antipopular. Toda mediación institucional que recuerde al gobierno que él mismo no es fuente absoluta de legitimidad pasa a ser tratada como resistencia oligárquica.

Así opera, en su estructura más profunda, la metodología revolucionaria contemporánea.

Primero se deslegitima moralmente el orden existente, presentándolo no como imperfecto —lo cual sería trivial— sino como estructuralmente injusto.

Después se patologiza a quienes lo defienden, identificándolos con privilegio, corrupción o reacción.
Luego se construye un sujeto redentor abstracto —el pueblo auténtico— cuya voluntad debe prevalecer sobre toda mediación institucional.

Más tarde se invoca la necesidad de una refundación jurídica mediante constituyente o reforma estructural equivalente.

Consumada ésta, se procede a reordenar la legalidad, las instituciones y los órganos de control para adecuarlos a la nueva correlación de poder.

Finalmente, toda oposición al nuevo orden se denuncia como antidemocrática, aunque el proceso entero haya consistido precisamente en desmantelar los límites que impedían la absorción total del poder político.

No se trata de una descripción teórica arbitraria. Es el patrón que Hispanoamérica ha contemplado repetidamente durante las últimas décadas.

En Venezuela, el proceso constituyente inauguró la transformación de una democracia deteriorada en un régimen progresivamente absorbente.

En Bolivia, la refundación constitucional fue presentada como redención histórica del pueblo excluido y terminó por alterar profundamente la estructura política del Estado.

En Ecuador, la nueva arquitectura constitucional sirvió para ampliar la capacidad directiva del poder central sobre el orden institucional.

En Nicaragua, la concentración terminó por reducir casi a ficción la pluralidad política efectiva.

Las formas difieren. Los grados también. Pero la estructura es reconocible.

Resultaría ingenuo suponer que tales fenómenos son puramente espontáneos o carentes de articulación intelectual común. Durante décadas, el Foro de São Paulo y, más recientemente, el Grupo de Puebla, han operado como espacios de convergencia doctrinal, legitimación recíproca y coordinación estratégica de amplios sectores de la izquierda hispanoamericana. No son una maquinaria conspirativa omnipotente; son algo más serio y más real: ecosistemas de racionalización ideológica en los que se formula, depura y reproduce una gramática política compartida. La gramática de la refundación, del lawfare como categoría exculpatoria, de la sospecha estructural contra el orden heredado, de la rehabilitación moral del caudillo procesado, y de la comprensión del poder como herramienta legítima de transformación integral del cuerpo político. (grupodepuebla.org)

El Perú importa hoy porque amenaza con convertirse en una nueva estación de esa lógica.

Pero sería superficial detenerse en la geopolítica regional. El problema último no es el Foro de São Paulo, ni el Grupo de Puebla, ni siquiera el castillismo o sus continuadores. Ésos son vehículos históricos contingentes. El problema último es más profundo: la aceptación generalizada, incluso por quienes se dicen adversarios de estas corrientes, de las premisas filosóficas que las hacen posibles.

Mientras se admita que la soberanía reside sin límite en una voluntad política originaria;
mientras se conciba la ley como simple producto de decisión y no como determinación racional de lo justo;
mientras se acepte que la constitución vale porque fue querida y no porque es conforme a la justicia;
mientras el orden político sea entendido como artificio disponible para el diseño de mayorías circunstanciales;
mientras la política se conciba como ingeniería institucional antes que como prudencia sobre una realidad dada;

la posibilidad revolucionaria permanecerá siempre latente.

El revolucionario no irrumpe contra el sistema.
Extrae sus consecuencias últimas.

Por eso el problema del Perú no es únicamente peruano. Ni siquiera es primariamente peruano. Es el recordatorio de que Hispanoamérica continúa padeciendo una crisis más honda que cualquiera de sus alternancias electorales: la crisis de una civilización política que ha olvidado que la autoridad no crea el orden, sino que lo sirve; que la ley no fabrica lo justo, sino que debe reconocerlo; y que ninguna mayoría, por numerosa que sea, adquiere por ello derecho a rehacer a voluntad la estructura moral y política de una comunidad histórica.

Las naciones no se regeneran entregándose a la fascinación constituyente de cada generación descontenta.
No se restauran demoliendo periódicamente su propio fundamento.
No se curan ampliando el poder de quienes prometen reconstruirlas desde cero.

Se salvan únicamente cuando recuerdan que la política no existe para refundar el orden, sino para gobernarlo conforme a justicia.

Y allí donde esa verdad se olvida, la promesa de regeneración termina casi siempre por producir aquello que decía combatir: más arbitrariedad, más concentración, más dependencia, más servidumbre.

El Perú aún está a tiempo de decidir si quiere corregir sus males o entregarse, una vez más, a la vieja ilusión revolucionaria de creer que toda crisis autoriza a rehacer el mundo.

La experiencia del continente aconseja no confundirse sobre la respuesta.