Polarización por acusaciones entre alumnado y docentes; señalamientos de abuso, discriminación y conflicto institucional

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) enfrenta una creciente crisis interna marcada por acusaciones cruzadas entre docentes, denuncias legales y cuestionamientos al funcionamiento de sus mecanismos institucionales. El conflicto, que involucra posibles delitos como corrupción, abuso de autoridad y discriminación, ha escalado rápidamente, generando un ambiente de polarización entre la comunidad universitaria, con más que enfrentamientos dialécticos entre el alumnado, dado que ha escalado de un desacuerdo de opiniones a insultos y amenazas entre compañeros, relacionado con posturas a favor o en contra de los profesores enfrentados.

El caso se origina en la denuncia presentada por el Dr. Luis Tomás Zapater Espí, profesor-investigador de la citada universidad, contra la también profesora investigadora de la misma institución Dra. Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, quien también se desempeñó como Comisionada del Instituto de Transparencia del estado entre 2019 y 2025. Según el denunciante, durante ese periodo habría percibido ingresos simultáneos como funcionaria y como docente, lo que —de confirmarse— contravendría disposiciones legales que prohíben la doble remuneración en ese tipo de cargos.

El señalamiento no se limita al ámbito administrativo. También se plantea que la omisión de informar dicha incompatibilidad pudo haber derivado en un perjuicio económico para la universidad, configurando un posible fraude.

Sin embargo, la controversia tomó mayor dimensión tras la aparición de un documento firmado por estudiantes de Derecho de una clase vespertina, en el que se acusa al propio Zapater Espí de conductas inapropiadas en el aula. En particular, se describe un episodio durante una clase en el que el docente habría modificado su vestimenta frente al grupo, generando incomodidad entre el alumnado, además de señalar prácticas académicas cuestionables.

El profesor rechaza estas acusaciones y sostiene que los hechos han sido distorsionados. Afirma que la actividad correspondía a una técnica pedagógica basada en la representación histórica, utilizada desde hace años sin generar conflictos y con evaluaciones positivas por parte de estudiantes.

De acuerdo con su versión, la denuncia estudiantil habría sido promovida por la Dra. Rebeca Buenrrostro mediante presiones y coacciones hacia el alumnado, lo que podría constituir abuso de autoridad. Asimismo, acusa la existencia de una campaña de desprestigio en su contra, motivada por sus ideas políticas, creencias religiosas, y por su nacionalidad española.

El conflicto se agrava con antecedentes que el propio docente considera relevantes: asegura que durante años ha sufrido trato desigual, discriminación y tensiones laborales con algunos colegas y superiores. Según su testimonio, intentó denunciar estos hechos ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero esta instancia se declaró incompetente al considerar el caso como un asunto académico.

No obstante, posteriormente la misma Defensoría inició un procedimiento en su contra, imponiendo medidas como la restricción de contacto con estudiantes del turno vespertino. El académico cuestiona la actuación parcial, poco ética, y de falta de profesionalidad de la Defensoría, la legalidad de estas decisiones y sostiene que se basan en testimonios obtenidos bajo presión o incentivos.

Escalada legal y filtraciones

El caso ha dado un giro adicional al trasladarse también al ámbito judicial. El docente, antes de estos hechos, promovió juicios de amparo por presuntas violaciones a sus derechos constitucionales, por lo que los recientes enfrentamientos abren un nuevo frente en el conflicto.

A esto se suma la circulación de un audio atribuido a un estudiante involucrado en la recolección de firmas contra el profesor. En la grabación se solicita continuar recabando apoyos en otros grupos, al tiempo que se sugiere evitar que el caso llegue a medios de comunicación, y se vierten ciertos comentarios contra el profesor que podrían considerarse propios de xenofobia. Aunque este material no ha sido verificado oficialmente, ha generado dudas sobre la transparencia del proceso y la forma en que se organizaron las acusaciones.

Otro punto de controversia surge a partir de un documento institucional en el que se cuestiona una obra académica del docente, el libro Teoría del Estado, señalándola como promotora de radicalismo nacionalsocialista. Esta postura ha sido criticada por el docente, debido a que el libro fue publicado por la propia editorial universitaria, presentado con respaldo institucional con intervención del mismo Rector que hoy suscribe el documento contra el libro, y bien recibido en otros espacios académicos con elogios de la prestigiosa editorial Fondo de Cultura Económica, y las alabanzas de un artículo de recensión sobre la obra publicado en la revista de la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid (España).

La suma de estos elementos ha colocado a la UABCS en una situación compleja, donde se entrelazan denuncias legales, conflictos laborales y cuestionamientos a la imparcialidad de sus órganos internos.

Mientras algunos sectores exigen investigaciones a fondo sobre posibles actos de corrupción y abuso de poder, otros advierten sobre el riesgo de que acusaciones no verificadas dañen reputaciones y profundicen la división interna.

El desenlace del caso será clave para definir no solo responsabilidades individuales, sino también la credibilidad de la institución y su capacidad para gestionar conflictos con transparencia y apego a la legalidad.

Por ahora, la comunidad universitaria permanece a la expectativa. La tensión continúa en aumento y el conflicto, lejos de resolverse, parece haber entrado en una nueva fase donde las decisiones institucionales y judiciales serán determinantes.