El derecho de réplica es para personas, no para el gobierno; y está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 6º, párrafo primero

Por Mario Rosales Betancourt

Imagen ilustrativa: @WRADIOMexico

Mucho se está discutiendo sobre las listas negras de periodistas, medios, opositores y usuarios de redes sociodigitales difundidas por Luisa María Alcalde con la anuencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Alcalde sostiene que no son tales y Sheinbaum insiste en que su propósito es propiciar el debate.

Pero lo más grave es que el espacio de Derecho de Réplica, a cargo de Ia consejera jurídica, es contrario a la Constitución y a la legislación, o sea, que es totalmente antijuridico. Y esto es mucho muy malo para una consejera jurídica que pretende saber mucho de ecosistemas ciberneticos ampliados, pero que ignora lo más elemental: que para los particulares, lo que no prohibido está permitido. Por contrario, para el gobierno y sus funcionarios les está prohibido todo aquello para lo cual carecen expresamente de facultades.

El derecho de réplica es para personas, no para el gobierno; y está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 6º, párrafo primero, que dice:

El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

También es un derecho establecido en un tratado internacional, obligatorio para México: la Convención Ineramericana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 14 dice:

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes tiene derecho a la rectificación.

Por cierto, esto deberia obligar también a la mañanera.

Hablemos específicamente de la legislación aplicable en México: la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2015, y cuya última reforma data del 14 de noviembre de 2025.

La citada ley define al Derecho de Réplica de la siguiente manera en su artículo 2º, fracción II:

El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

Este derecho puede pedirlo cualquier persona física o moral —incluidos servidores públicos, partidos y candidatos que se sientan agraviados—, y es contra los «sujetos obligados», o sea, los medios de comunicación (prensa, radio, TV, internet), agencias de noticias y productores independientes.

El procedimiento establece que el afectado ha de presentar un escrito al medio pidiendo la réplica en los siguientes 15 días hábiles posteriores a la difusión del contenido.

El medio tiene sólo 3 días para responder si procede. Si el medio se niega, o no responde, el afectado puede ir ante un juez federal de distrito. Si el juez lo concede, ordena al medio publicar la réplica con la misma relevancia y en un plazo de 3 días; además, puede imponerle una multa de 500 a 5000 días de salario mínimo.

Por lo anterior, la Consejería Jurídica no puede ejercer por si misma o a nombre del Supremo Poder Ejecutivo el derecho de réplica. Como personas, Luisa María Alcalde o Claudia Sheinbaum pueden pedir su derecho de réplica ante el medio o el periodista que crean que los agravió, para que en el mismo espacio se publiquen sus réplicas.

Pero legalmente no se debe usar un espacio público del gobierno —pagado con recursos públicos y utilizando a funcionarios que cobran del presupuesto público— para su derecho de réplica.

La presidenta Sheinbaum, la consejera Alcalde o cualquier persona, privada o pública, pueden pedir el derecho de réplica a un medio, como cualquier ciudadano, y si el medio se niega a otorgarlo, demandar ante un juez federal.

En conclusión: no se debería utilizar un ilegal «derecho de réplica» para censurar, limitar, desprestigiar y sobre todo, para intimidar a quienes —en espacios pequeños o grandes— ejercemos la libertad de expresión  ●