Cuando la libertad depende de que alguien mantenga abierta la puerta

Durante años preguntamos quién podía vernos a través de la pantalla. Mientras discutíamos esa pregunta, fuimos trasladando la identidad, el dinero, el trabajo, la palabra y la memoria detrás de puertas cuyas llaves casi nunca están del todo en nuestras manos. Este ensayo sostiene que el poder de nuestra época ya no necesita mandar sobre la voluntad: le basta administrar las condiciones materiales de nuestros actos. Y que, frente a esa novedad, la más antigua de las preguntas del Derecho —qué es lo debido, y con qué título se cierra una puerta— vuelve a ser la más urgente.

Hay una generación para la cual quedarse sin teléfono ya no significa quedarse sin teléfono. Significa perder, durante unas horas, una parte del mundo.[1]

Ahí están las fotografías de los hijos y el número de la madre; el banco y el mapa; la oficina y los amigos; los boletos que ya no se imprimen y las direcciones que ya no se memorizan; el documento que antes guardábamos en un cajón; la conversación que no recordamos porque nunca tuvimos necesidad de recordarla; la aplicación que llama al automóvil, la que abre la cuenta, la que custodia las contraseñas, la que demuestra ante otro que nosotros somos nosotros.

El objeto conserva la forma de un teléfono, pero hace mucho dejó de serlo. Se ha convertido, sin ceremonia alguna, en el vestíbulo de nuestra vida.

Nadie necesitó obligarnos a entrar. Esa es, precisamente, la dificultad.

Cada puerta llegó ofreciéndonos algo. Una ahorró tiempo; otra evitó una fila; otra hizo innecesario el efectivo; otra recordó por nosotros el camino; otra guardó nuestras fotografías; otra permitió trabajar desde cualquier lugar; otra puso una biblioteca en la mano. Cada innovación podía defenderse por separado, y casi todas tenían excelentes razones para existir.

Por eso la historia de nuestra dependencia digital no se parece a una conquista. Se parece a una mudanza.

Fuimos llevando cosas. Primero las cartas; después las fotografías; luego la música, los periódicos, los mapas, las conversaciones, los contactos, los documentos, el trabajo, las compras, el dinero, las credenciales, una parte de la memoria y, al final, algunas de las pruebas con que acreditamos ante los demás quiénes somos.

La casa anterior no fue demolida. Sencillamente dejamos de habitarla.

Hasta que un día descubrimos algo. En la casa nueva, casi todas las habitaciones tenían puerta. Y casi ninguna llave estaba enteramente en nuestras manos.

No hace falta imaginar un futuro de ciencia ficción. Basta que el banco rechace una operación; que el correo con el que recuperamos las demás cuentas deje de reconocernos; que falle una autenticación; que una aplicación desaparezca; que una cuenta sea suspendida; que un sistema considere anómala una conducta perfectamente ordinaria; que la conexión caiga precisamente cuando aquello que necesitamos sólo puede hacerse conectado.

El dinero puede seguir siendo nuestro. El derecho puede continuar reconocido. Nuestra identidad no ha cambiado. Nuestra voluntad permanece intacta. Y, sin embargo, algo no abre.

Acceso denegado.

Dos palabras vulgares. Las hemos leído tantas veces que han perdido la capacidad de inquietarnos. Tal vez, por eso no hemos advertido que encierran una proposición política.

Durante siglos el poder se reconoció por verbos visibles: mandar, prohibir, detener, confiscar, expropiar, censurar, desterrar. Incluso el abuso tenía cierta corporeidad: había un guardia, una orden, un sello, una frontera, una cárcel. El poder debía comparecer de algún modo ante aquel sobre quien recaía. Podía decirle: no hagas esto. Podía quitarle una cosa. Podía encerrarlo. Podía obligarlo.

Nuestra época no ha abolido ninguno de esos poderes. Ha añadido otro.

No siempre necesita quitar: puede volver indisponible. No siempre necesita prohibir: puede impedir. Y no siempre necesita mandar sobre el acto, cuando controla el medio sin el cual el acto no se realiza.

La diferencia parece pequeña hasta que recordamos cuánto hemos colocado detrás de las puertas. Entonces aparece la pregunta que recorre estas páginas: ¿qué clase de poder es aquel que gobierna las condiciones materiales de nuestros actos sin necesitar gobernar directamente nuestra voluntad?

Este es el asunto. No el teléfono. No Internet. Ni siquiera la técnica. El poder. Y, con más exactitud, una acumulación de poder que hemos construido con extraordinaria rapidez y pensado con extraordinaria lentitud.

I. El edificio

Conviene mirar bien lo que tenemos delante.

No conocemos la estructura última de mando del edificio. No sabemos si existe una sola instancia capaz de gobernarlo; pueden existir varias. Determinadas estructuras cooperan en unos ámbitos y compiten con ferocidad en otros. Conocemos relaciones de propiedad, dependencia, jurisdicción, regulación y coordinación; desconocemos otras. No poseemos el documento que permitiría afirmar que todas las piezas responden a una voluntad única. Por tanto, no lo afirmaremos.

Pero sería un curioso abuso de la prudencia convertir nuestra ignorancia del último piso en una negación del edificio. Quien se planta frente al Empire State no necesita el nombre de cada ingeniero para saber que aquello no ocurrió solo. Y no basta siquiera un arquitecto: una obra semejante presupone proyecto, cálculo, capital, materiales, financiación, propiedad, permisos, ingeniería, trabajadores, proveedores, administración y una multitud de decisiones lo bastante ordenadas para que millones de piezas terminen formando algo que ninguna de ellas produciría aislada.

Los arquitectos pudieron discrepar. Quien instaló los ascensores pudo no conocer a quien calculó los cimientos. Los financiadores pudieron perseguir intereses distintos. El propietario de hoy puede no ser quien lo levantó. Una autoridad pudo obligar a modificar los planos. Nada de eso convierte al Empire State en una formación geológica. La obra misma acredita organización.

Con la infraestructura contemporánea ocurre algo semejante. Hay cables que alguien tendió; centros de datos que alguien financió; protocolos que alguien diseñó; bancos que alguien capitalizó; redes de pago que alguien administra; sistemas operativos y nubes con propietarios; tiendas de aplicaciones con reglas; Estados con jurisdicción; organismos que fijan estándares; autoridades que pueden ordenar bloqueos; empresas que pueden cancelar relaciones; sistemas concebidos para autenticar identidades, para detectar riesgos, para ejecutar sanciones. Hay capital, organización, conocimiento, propiedad, administración y decisión. Hay poder. Lo que aún no conocemos es su organigrama.

La diferencia importa. No afirmaremos lo que no podemos demostrar; pero tampoco fingiremos que la pluralidad de razones sociales equivale a dispersión efectiva del poder. Puede haber diez mil empresas y cinco pasos prácticamente inevitables; millones de páginas y muy pocos sistemas capaces de ordenar lo que encontramos; miles de aplicaciones y un puñado de sistemas que deciden cómo llegan a nuestros teléfonos; miles de bancos y unas pocas monedas, redes o jurisdicciones cuya posición resulta decisiva. El número de nombres no nos dice el número de poderes. Hay que seguir las dependencias.

Y cuando las seguimos, descubrimos la primera particularidad extraordinaria del edificio. No está levantado sobre un país. Está levantado sobre el mundo.

II. El mapa que no aparece en los atlas

Un hombre puede desayunar en la Ciudad de México y atravesar, sin levantarse de la mesa, media docena de jurisdicciones. No con su cuerpo: con sus actos.

Toma un aparato diseñado por una compañía estadounidense y fabricado por una cadena de suministro asiática; usa un sistema operativo gobernado desde otra jurisdicción; abre una aplicación distribuida por una tienda global; guarda información en una nube cuyos servidores y régimen contractual apenas conoce; realiza un pago que cruza banco emisor, adquirente, procesador y red internacional; trabaja sobre documentos alojados fuera de México y termina la mañana enviando información por una infraestructura cuya complejidad desaparece por completo ante sus ojos. Su cuerpo permanece en un territorio; su existencia digital, no.

Este es el primer dato político verdaderamente importante: las puertas pueden ser locales; la arquitectura de la que dependen es transnacional.

Seguimos dibujando el poder sobre el mapa de la escuela. México aquí, los Estados Unidos allá; Europa, China, Rusia. La línea delimita el territorio y dentro de ella buscamos al soberano. Ese mapa sigue siendo real: el Estado no desapareció; legisla, tributa, investiga, sanciona, regula intermediarios, controla infraestructuras y puede ordenar que ciertas puertas se cierren. Pero el propio Estado está también dentro del edificio. Depende de mercados, monedas, redes financieras, proveedores, semiconductores, cables, nubes, estándares y cadenas de suministro que no controla enteramente.

Sobre el mapa territorial hemos trazado otro: cables submarinos, centros de datos, nubes, semiconductores, sistemas operativos, plataformas, monedas, bancos corresponsales, redes de tarjetas, sistemas de mensajería financiera, tiendas de aplicaciones, satélites, certificados, estándares. Ese segundo mapa tiene también centros y periferias, rutas abundantes y pasos estrechos, nodos sustituibles y otros cuya sustitución resulta extraordinariamente costosa; lugares por los que pasa una proporción desmesurada de cuanto el mundo necesita para funcionar.

Aquí Henry Farrell y Abraham Newman hacen uno de los descubrimientos decisivos para comprender nuestra época.[2]

Durante décadas se supuso que la interdependencia dispersaría el poder: más conexiones, más actores, más comercio, redes menos jerárquicas. Farrell y Newman advirtieron el error: se confundía el número de conexiones con la distribución del poder. Las redes reales no crecen como mallas homogéneas; pueden crecer de manera asimétrica. Ciertos nodos se vuelven extraordinariamente centrales porque una parte desproporcionada de los flujos termina atravesándolos. Y la centralidad se refuerza a sí misma: cuanto más útil es el nodo, más actores se conectan a él; cuantos más se conectan, mayor es el coste de evitarlo.

Una red puede, por tanto, ser mundial y estar extraordinariamente concentrada. Puede tener millones de participantes y muy pocos puntos decisivos. Puede parecer descentralizada cuando contamos actores y revelarse concentrada cuando seguimos el paso.

Pero los autores añaden algo indispensable: la centralidad, por sí sola, no equivale a coerción. Para convertir una posición central en instrumento de poder hace falta que un Estado posea jurisdicción efectiva sobre nodos relevantes y disponga de instituciones capaces de explotar esa ventaja. Cuando ambas condiciones concurren, la interdependencia puede utilizarse estratégicamente.[3]

Identificaron dos mecanismos. El primero permite mirar —el efecto panóptico—: la posición central capta información estratégica porque enormes flujos atraviesan el nodo. El segundo permite cerrar —el efecto cuello de botella—: si otros necesitan atravesar ese nodo y sustituirlo resulta demasiado costoso, quien tiene poder efectivo sobre él puede negarles el paso.[4]

No es una teoría sobre un gobierno secreto del mundo. Es algo más preciso, y por eso más difícil de descartar: las estructuras creadas para aumentar la eficiencia de la interdependencia pueden producir puntos objetivos de control. La topología no demuestra intención. Demuestra capacidad.

Y esta será una distinción fundamental hasta el final. Una cosa es demostrar que alguien puede cerrar; otra, comprobar que cierra; una tercera, enteramente distinta, determinar si tiene derecho a cerrar. Capacidad, ejercicio, legitimidad. Confundirlas produce a la vez paranoia e ingenuidad: no hace falta atribuir una intención oculta para medir una capacidad existente; tampoco cabe deducir de la existencia de una capacidad que todo ejercicio sea abusivo; y ningún ejercicio se vuelve justo por ser técnicamente posible. Con esta distinción podemos recorrer el edificio sin inventarle fantasmas ni apagar sus luces.

III. Del ojo a la clasificación

Durante años la crítica de la sociedad digital estuvo fascinada por el ojo. Con buenas razones: nunca una civilización había producido voluntariamente tanta información sobre sus propios miembros (dónde estamos, qué compramos, qué buscamos, con quién hablamos, qué camino recorremos, qué nos detiene).

David Lyon comprendió, sin embargo, que la palabra vigilancia empezaba a quedarse corta si sólo significaba mirar. Los datos permiten algo más operativo: permiten ordenar personas. Eso es el social sorting. Traducirlo como «clasificación social» le quita casi toda su fuerza —también una biblioteca clasifica libros—; Lyon habla de usar información sobre individuos y poblaciones para situarlos en categorías que reciben tratamientos distintos.[5]

El dato deja entonces de ser memoria y se convierte en criterio de distribución. Este viajero requiere un examen adicional; esta operación presenta cierto riesgo; este consumidor pertenece a tal segmento; este solicitante coincide con determinadas características. La vigilancia ya no pregunta sólo «qué sé de ti», sino «en qué categoría debo colocarte para decidir cómo tratarte».

El cambio es enorme. El viejo expediente seguía al individuo; la clasificación puede precederlo. Antes de que el hombre llegue a la puerta, una representación suya ha llegado primero. Y la puerta no reacciona al hombre entero —sus circunstancias, sus razones, su historia, lo que efectivamente hizo—, sino a la categoría en que sus datos permitieron colocarlo.

No siempre para perjudicarlo: la clasificación también privilegia. Unos pasan con más facilidad; otros son examinados. El poder de clasificar no consiste en tratar mal a todos: consiste en poder tratarlos diferentemente. La cuestión se agrava cuando la categoría deja de decidir qué publicidad veremos y empieza a intervenir en crédito, seguro, prestaciones, movilidad, empleo, identidad o acceso.

Shoshana Zuboff observa la etapa siguiente desde otro ángulo. Su objeto no es primero el Estado, sino un modelo económico capaz de convertir la experiencia humana en materia prima informacional. Una actividad produce los datos necesarios para prestar un servicio; pero produce también información adicional susceptible de extracción y análisis: el excedente conductual con que se alimentan procesos que generan inferencias y predicciones sobre comportamientos futuros.[6]

La predicción vale porque reduce incertidumbre. Pero encierra una tentación evidente: si es valioso anticipar una conducta, más útil es aún intervenir sobre el entorno en que esa conducta se produce. De ahí el paso a lo que Zuboff describe como modulación conductual y, en su formulación más ambiciosa, como poder instrumentario: un poder que no necesita conquistar ideológicamente el alma del sujeto, sino operar sobre el ambiente en que actúa.

No todo algoritmo pertenece a ese modelo. Una recomendación no destruye el libre albedrío; una correlación no determina mecánicamente una voluntad. Pero Lyon y Zuboff permiten ver dos movimientos distintos: el primero convierte al hombre en categoría; el segundo convierte su comportamiento probable en objeto de predicción y de posible intervención.

Falta todavía el movimiento que aquí más nos importa: la puerta. Porque influir sobre lo que probablemente haré es un poder; decidir si materialmente puedo hacerlo es otro. Y antes de llegar allí hay que atravesar una frontera que ninguna técnica abole: la que separa calcular de juzgar.

Una máquina puede descubrir que ciertas características se correlacionan con el fraude; puede procesar millones de operaciones mejor que miles de funcionarios; puede detectar patrones invisibles para cualquier hombre. Pero entre afirmar que «las personas con estas características presentan mayor probabilidad de X» y concluir que «es justo tratar a este hombre de tal manera» hay un salto. Ese salto es el juicio.

Aquí conviene detenerse, porque en este punto la tradición tomista dice algo más hondo de lo que suele advertirse. Santo Tomás distingue dos habitos de la razón práctica que la modernidad tiende a confundir: el arte, que es recta ratio factibilium —recta razón de lo que ha de hacerse—, y la prudencia, que es recta ratio agibilium —recta razón de lo que ha de obrarse—. La diferencia no es de grado, sino de naturaleza: el facere es un acto que pasa a la materia exterior, como edificar o cortar, y su bien queda en la obra hecha; el agere es un acto que permanece en el agente, como ver o querer, y su bien está en el que obra.

De ahí se sigue algo capital para nuestro asunto. La clasificación que un sistema produce —una puntuación, un perfil, un umbral— es un factibile: una obra que sale a la materia exterior y que puede ejecutarse con perfección impecable sin rectitud alguna del que la produce, pues el arte «no presupone apetito recto». Hacer justicia a este hombre, en cambio, es un agibile: un acto cuya bondad reside en el agente y que presupone la rectitud del apetito hacia el fin, es decir, la virtud moral. Una máquina puede tener arte; no puede tener prudencia, porque no tiene voluntad ordenada a un fin ni conoce el singular en cuanto singular.[7]

Por eso, la optimización no lleva incorporada la justicia. Una máquina puede optimizar a la perfección un fin mal elegido; puede reducir el fraude multiplicando los falsos positivos; puede elevar la seguridad suprimiendo toda intimidad; puede recortar costes excluyendo a quien resulta costoso atender. El fin, el bien, las circunstancias, el caso singular: nada de eso viene contenido en el cálculo.

El peligro más profundo, entonces, no es que las máquinas se estén volviendo hombres. Es más próximo y más grave: que los hombres terminen aceptando como juicio lo que la máquina sólo calculó.

IV. El derecho permanece; el camino desaparece

La digitalización introduce una posibilidad jurídica que merece más atención de la recibida: un derecho puede permanecer formalmente intacto mientras su ejercicio se vuelve materialmente imposible.

Estamos habituados a imaginar la lesión jurídica como ataque al título: me quitan la propiedad, me prohíben hablar, me niegan una prestación, me privan de libertad. La infraestructura permite actuar sobre otra cosa: no sobre el derecho, sino sobre el camino. El dinero continúa en la cuenta, pero no puede transferirse. La prestación sigue reconocida, pero el beneficiario no consigue autenticarse. El boleto existe, pero el sistema no reconoce la credencial. La persona sigue siendo quien es, pero la infraestructura no logra verificarlo.

Los casos no son jurídicamente equivalentes, y sería irresponsable mezclarlos. Comparten, eso sí, una estructura: titular —infraestructura— ejercicio. Entre la persona y la realización de lo que jurídicamente puede hacer se interpone un medio. Mientras ese medio es accesorio o fácilmente sustituible, su importancia política es limitada. Cuando se vuelve prácticamente necesario, quien controla la mediación adquiere sobre el ejercicio un poder que no necesita destruir el título. Esta es la mediatización infraestructural del ejercicio del derecho.

Aquí, Vallet de Goytisolo impide una salida demasiado fácil. No hace falta fabricar de inmediato otro derecho subjetivo abstracto —un «derecho humano universal a Internet», un «derecho a toda plataforma»— y añadirlo al catálogo. El realismo jurídico obliga a preguntas más difíciles y más antiguas: qué es lo debido, a quién, por quién, dentro de qué relación. Y si algo es realmente debido, ¿puede la arquitectura dispuesta para hacerlo efectivo tornarlo nugatorio?[8]

Es la pregunta clásica de la justicia, no una novedad tecnológica. El derecho, enseña Santo Tomás, es ipsa res iusta, la cosa justa misma; y la justicia, la voluntad constante de dar a cada uno lo suyo. Toda la cuestión cabe en el viejo suum cuique: si el Estado debe una prestación, ¿puede organizar el único acceso de modo que el titular quede materialmente fuera? Si una persona conserva su patrimonio, ¿qué título permite impedirle disponer de él? Si una infraestructura privada se vuelve paso prácticamente inevitable, ¿basta aún analizar la relación como un contrato ordinario entre dos particulares?[9]

Las respuestas serán distintas —eso es, precisamente, lo jurídico—, pero la pregunta común permanece: cuando la infraestructura se interpone entre lo suyo y el hombre, la infraestructura entra en la justicia.

Debemos evitar también el error contrario. El hombre al que una infraestructura le cierra una puerta no pierde por ello el libre albedrío: puede querer, deliberar, resistir, impugnar, buscar otra vía. La libertad humana no es función del ancho de banda.

Santo Tomás permite distinguir aquí dos necesidades que nuestra época confunde. Una es la necessitas coactionis, la necesidad de coacción, cuando un agente externo fuerza de modo que no quepa obrar lo contrario; y esta «repugna del todo a la voluntad», porque es violenta, contraria a la inclinación. Otra es la necessitas finis, la necesidad del fin: como el alimento es necesario para la vida, o el caballo para el camino, así cierto medio es necesario para cierto acto. Esta no suprime la libertad.[10]

Y aquí asoma la pregunta decisiva. La infraestructura no nos coacciona: nadie nos fuerza físicamente a usarla. Pero puede volverse necesaria como medio: si quiero realizar X, he de atravesar Y. ¿Qué ocurre, entonces, cuando otro controla aquello que para mí se ha hecho necesario como fin? La respuesta no puede ser que toda dependencia sea dominación. El hombre es naturalmente social: dependemos de padres, maestros, médicos, labradores, comerciantes, instituciones y autoridades. Una libertad entendida como independencia absoluta sería la libertad imposible del náufrago. La cuestión clásica es más honda: ¿está la dependencia ordenada? ¿A qué fin? ¿Bajo qué autoridad? ¿Con qué proporción? ¿Con qué justicia?

Podemos precisar ya nuestra primera categoría. Existe poder infraestructural de acceso cuando un actor —público o privado— posee, por potestad jurídica, posición contractual o dominio material de una infraestructura, capacidad efectiva para admitir, condicionar, restringir o impedir a otro el acceso a un medio relevante o necesario para realizar ciertos actos. Y aparece dominación infraestructural cuando la intensidad de esa dependencia, la dificultad real de sustitución, la concentración del control y la magnitud de las consecuencias colocan al dependiente bajo una capacidad desproporcionada de condicionamiento.

No toda puerta domina. No todo guardián es tirano. No toda exclusión es injusta. Pero una sociedad que entrega funciones cada vez más graves a infraestructuras cada vez menos sustituibles está transfiriendo poder. Negarlo sería negarse a medir lo que ha construido.

V. El hombre emancipado y el hombre administrado

Rafael Gambra ayuda a comprender por qué el fenómeno es antropológicamente anterior a Internet. Su reflexión sobre la libertad distingue entre la Libertad abstracta proclamada ideológicamente y las libertades concretas que el hombre ejerce dentro de comunidades reales: la familia, el municipio, la profesión, la propiedad, las asociaciones, los cuerpos sociales. Esos vínculos limitan, sí; pero también protegen: dan al hombre lugares propios desde los cuales obrar y resistir.[11]

La sociedad de masas realiza una operación paradójica: emancipa al individuo de numerosas vinculaciones próximas y lo deja, por eso mismo, desnudo frente a organizaciones incomparablemente mayores. El individuo aislado no es necesariamente el individuo independiente. Puede ser el más dependiente de todos.

Marcel de Corte lleva la cuestión hacia lo que llamó la disociedad. Si las articulaciones orgánicas de la vida común pierden consistencia, las necesidades sociales no desaparecen: alguien debe coordinar, distribuir, producir, administrar, decidir. Y lo que realizaban múltiples estructuras humanas puede ser reemplazado por organizaciones técnicas cada vez mayores.[12]

No conviene convertir retrospectivamente a Gambra y a De Corte en críticos de las plataformas: no conocieron este mundo. Descubrieron algo anterior. La destrucción de mediaciones no elimina la mediación; puede sustituirla. El vecino conocía nuestro nombre; ahora una infraestructura autentica nuestra identidad. El comerciante recordaba nuestras costumbres; ahora un perfil reconstruye nuestros patrones. El cuerpo profesional mediaba parte del trabajo; ahora una plataforma puede hacerlo a escala continental.

No es una comparación moral automática —el vecino podía mentir, el gremio abusar, el funcionario ser más arbitrario que un algoritmo—. Lo decisivo es la escala. La mediación próxima alcanzaba a decenas o centenares; la mediación técnica administra millones a la vez.

Gambra nos muestra al hombre desvinculado; De Corte, el vacío que la organización puede ocupar; y d’Ors permite nombrar el problema que aparece después. Su distinción entre auctoritas —el saber socialmente reconocido— y potestas —el poder socialmente reconocido— impide fundir saber, reconocimiento y poder en una sola realidad. El mundo digital añade algo peculiar: capacidades materiales gigantescas de producir consecuencias, que no se transforman por ello en autoridad legítima.[13]

Una empresa puede dominar técnicamente un ecosistema; un banco puede impedir una operación dentro de su marco; una autoridad puede ordenar al intermediario que la impida; una infraestructura internacional puede fijar condiciones de participación. Son poderes distintos, y no debemos confundirlos; pero todos pueden producir consecuencias sobre quien necesita atravesar la puerta.

Por eso es conceptualmente pobre llamar «soberanos digitales» a las grandes compañías. No son Estados; no tienen el mismo título; no persiguen necesariamente el bien común político. Y ahí está, cabalmente, el problema: sin ser soberanas, poseen capacidades materiales que antes asociábamos casi sólo a los poderes públicos. Diagnosticó d’Ors que en el Estado moderno la auctoritas ha sido absorbida por la potestas; nuestro tiempo añade una figura aún más desnuda: una potencia sin auctoritas y, con frecuencia, sin el título mismo de la potestas legítima. El poder ha corrido más deprisa que las categorías jurídicas destinadas a ordenarlo.

VI. La ley y la cerradura

Lawrence Lessig vio pronto otra pieza. Su célebre code is law ha sido repetido hasta casi perder el argumento. Lessig distinguía cuatro modalidades capaces de regular la conducta: la ley, las normas sociales, el mercado y la arquitectura. Una conducta puede ser difícil porque la ley la prohíbe, porque la comunidad la reprueba, porque el precio la aleja, o porque la estructura material impide realizarla. El código es arquitectura: ésa es la intuición decisiva.[14]

La norma jurídica dice: «no debes entrar». La cerradura responde: «no puedes entrar». La primera se dirige normativamente al sujeto; la segunda modifica materialmente el campo de lo posible. Y el mundo digital lo hace con precisión extraordinaria: impedir copiar, transferir, instalar, autenticar, publicar o acceder.

Pero conviene separarse de la seducción de la fórmula. El código no es ley por el mero hecho de ser eficaz. Una pared regula a la perfección el movimiento de los cuerpos y no posee autoridad alguna. Una cerradura puede cerrar con absoluta eficacia y estar cerrada injustamente. Un algoritmo puede ejecutar una decisión con precisión impecable y la decisión seguir siendo inicua. Lessig nos ayuda a ver dónde actúa la arquitectura; Santo Tomás obliga a preguntar si lo que hace está justamente ordenado. La sociología dirá quién tiene la llave; la topología, cuántas puertas controla; la geopolítica, cómo se usa. Ninguna responde por sí sola si hay derecho a cerrar. En ese punto empieza la filosofía política.

No es casual que la Unión Europea escogiera, para ciertas grandes plataformas, una palabra reveladora: gatekeeper, guardián de acceso. La elección encierra una intuición correcta: lo que importa no es sólo cuánto posee una empresa, ni cuánto vale, sino cuántos necesitan atravesarla.[15]

El Derecho conoció problemas análogos con ferrocarriles, puertos, telégrafos, teléfonos y electricidad; de ahí nacieron, bajo tradiciones distintas, figuras como el common carrier, la public utility o la doctrina de las essential facilities. No cabe trasplantarlas mecánicamente —una tienda de aplicaciones no es una carretera, una nube no es una compañía eléctrica, una plataforma no es un ferrocarril—, pero la analogía descubre una constante: la propiedad de una infraestructura adquiere consecuencias nuevas cuando demasiados necesitan atravesarla.

Esto nos permite empezar a medir la puerta. ¿Cuán indispensable es? ¿Qué alternativas existen, y son reales o nominales? ¿Cuánto cuesta usarlas? ¿Quién controla también las alternativas? ¿Qué otras funciones dependen de esa puerta? ¿Qué sucede cuando se cierra? Todavía no juzgamos. Todavía medimos poder.

VII. La puerta detrás de la puerta

El edificio tiene una peculiaridad añadida: sus puertas están apiladas. Una persona depende de una plataforma; la plataforma, de una tienda de aplicaciones; la tienda, de un sistema operativo; el servicio, de una nube; la nube, de centros de datos, redes, electricidad y semiconductores. Y todos dependen, en grados diversos, de pagos, certificados, telecomunicaciones, jurisdicciones y estándares.

La literatura sobre deplatforming y deplatformization permite separar dos fenómenos que suelen mezclarse: una cosa es expulsar a alguien de una plataforma; otra, retirar a la plataforma misma la infraestructura que necesita para funcionar.[16]

Una cosa es expulsar al huésped del hotel. Otra, cortar el agua al hotel. Y otra, cerrar la carretera por la que llegan todos sus huéspedes. El primer acto recae sobre un usuario; el segundo, sobre un intermediario; el tercero puede alcanzar un ecosistema entero.

El poder infraestructural es, pues, encadenado. Y cuando una decisión adoptada en una capa produce consecuencias sobre las siguientes, aparece la cascada infraestructural: una puerta cierra otra, que a su vez cierra una tercera, mientras quien tomó la primera decisión quizá no administre ninguna de las demás. De ahí una dificultad jurídica de fondo: cada administrador ve su decisión; el hombre recibe la suma.

VIII. Tener y poder usar

El dinero hace que todo esto deje de parecer abstracto. Un pago digital cotidiano parece casi inmaterial: acercamos una tarjeta, tocamos una pantalla, el comerciante cobra. Pero no viaja una moneda invisible de un bolsillo a otro. Ha ocurrido una conversación institucional —solicitud, autenticación, autorización, registros, banco emisor, adquirente, procesador, red— que desaparece precisamente porque funciona. Se vuelve visible cuando responde: no.

Entonces descubrimos que entre tener y usar había más mundo del que imaginábamos. El saldo está; el comprador quiere pagar; el vendedor quiere cobrar; y la operación no sucede.

Lana Swartz ha mostrado por qué los sistemas de pago deben entenderse también como infraestructuras sociales y comunicativas: cuando su funcionamiento ordinario se vuelve invisible, olvidamos que participar económicamente depende de canales que pueden admitir o rechazar operaciones, es decir, que pagar y cobrar es pertenecer, o no, a una comunidad transaccional.[17]

Una cuenta congelada no es una anotación contable inmóvil. Puede significar alquiler, comida, salario, proveedores, transporte, ahorro; la capacidad misma de participar en la comunidad económica. Nada de esto convierte todo bloqueo en injusto: hay fraude, lavado, financiación ilícita, órdenes judiciales, sanciones, riesgos sistémicos, errores. La puerta financiera necesita poder cerrarse. Precisamente por eso importa el Derecho: quién, por qué, con qué título, sobre qué elementos, por cuánto tiempo, con qué posibilidad de defensa, con qué consecuencias sobre terceros.

La digitalización no modifica necesariamente la titularidad de lo que poseemos. Modifica la arquitectura de su disposición. Tener no es siempre poder usar.

El efectivo permite comprender la diferencia. Tiene inconvenientes evidentes —se pierde, se roba, se falsifica, cuesta guardarlo y transportarlo—, pero posee una propiedad política extraordinaria: permite ciertas transacciones sin una autorización remota, individualizada y en tiempo real. Por eso cabe entenderlo como redundancia civil: no sólo otro medio de pago, sino otra arquitectura. Una sociedad con diez aplicaciones que dependen todas de electricidad, telecomunicaciones, banca y autenticación tiene diez interfaces, no diez caminos. La redundancia exige independencia suficiente entre las rutas. Lo sabemos al construir aviones, redes eléctricas y servidores; deberíamos recordarlo al construir sociedades.

IX. Cuando el dinero se vuelve geopolítica

Si seguimos el dinero hacia arriba, dejamos de encontrar individuos. Encontramos bancos; luego redes; luego sistemas de mensajería y compensación; luego monedas; luego jurisdicciones; luego Estados. Y volvemos a Farrell y Newman: la red financiera internacional no es sólo un mecanismo para mover valor; su topología produce posiciones de poder.

El dólar ocupa aquí un lugar que ninguna reflexión latinoamericana seria puede ignorar. No existe un botón estadounidense capaz de apagar a voluntad la economía mundial; la realidad es más compleja y, por eso, más interesante. Una proporción extraordinaria del comercio, la financiación, las reservas y las transacciones internacionales usa el dólar o infraestructuras vinculadas a instituciones sobre las que los Estados Unidos poseen capacidad jurídica o material relevante. La centralidad monetaria se combina con jurisdicción, instituciones, capacidad regulatoria e inteligencia. Y esa combinación puede utilizarse.

Juan Zarate explicó desde dentro cómo, tras el 11 de septiembre, el Tesoro estadounidense aprendió a servirse de la centralidad del sistema financiero —y de la necesidad de acceso al mercado estadounidense— para aislar actores de las redes internacionales. Su testimonio importa a nuestro argumento: Farrell y Newman explican la estructura; Zarate muestra la estrategia. La topología creó los nodos; el Estado aprendió a usarlos. No estamos, pues, ante una posibilidad puramente teórica: la infraestructura financiera ha sido conscientemente empleada como instrumento de poder.[18]

Nicholas Mulder permite poner el fenómeno en perspectiva histórica. El arma económica no nació con Internet ni con el dólar contemporáneo: su genealogía pasa por el bloqueo y por el intento de convertir la interdependencia en medio de coerción sin recurrir de inmediato a la guerra. Lo nuevo no es el deseo de presionar económicamente; lo nuevo es la infraestructura sobre la que puede hacerse: digitalización, información, centralización, velocidad, granularidad, alcance. El viejo bloqueo necesitaba barcos; el nuevo poder económico actúa también sobre nodos.[19]

La guerra económica descubre, así, la misma forma que hallamos ante el teléfono de un hombre —aunque la escala, los sujetos y el régimen jurídico sean del todo distintos—: A controla un medio del que B depende para realizar X. No decimos que congelar la cuenta de un particular equivalga a sancionar a un Estado; sería absurdo. Decimos que ambos fenómenos permiten estudiar una estructura común de poder: controlar el acceso al medio del que otro depende.

Aquí la tradición clásica ofrece más que una metáfora. Cuando el arma económica recae sobre poblaciones enteras, reaparecen las preguntas del tratado tomista sobre la guerra —la autoridad de quien la declara, la causa justa, la recta intención— y, sobre todo, la de la proporción y la del daño no querido pero previsible. La cascada infraestructural es, a otra escala, el viejo problema del efecto colateral: quien cierra un nodo no siempre alcanza sólo a su enemigo; alcanza también a cuantos, sin ser parte, dependían de él. Medir la justicia de un cierre exige, por tanto, medir lo que caerá detrás.[20]

X. El imperio de las dependencias

La moneda de la que depende una parte decisiva de la economía internacional. Las redes de pago. Las tarjetas. La nube. Los sistemas operativos. Las plataformas. La infraestructura de datos. Los semiconductores que hacen posible la inteligencia artificial. Los cables. Los centros de datos. Las tiendas de aplicaciones. Los estándares.

Contempladas por separado, parecen industrias. Contempladas desde el ciudadano, parecen servicios. Contempladas desde la geopolítica, aparecen como algo más: infraestructuras de poder.

Esto no significa que todas pertenezcan al mismo actor, ni que todas respondan a Washington, ni que hayan nacido de un único proyecto de dominación, ni que un Estado pueda cerrarlas todas a voluntad. Afirmarlo destruiría justamente lo que intentamos demostrar. Basta la realidad comprobable: la distribución mundial de capacidades críticas no es uniforme. Ciertos países concentran cantidades extraordinarias de capital, propiedad intelectual, empresas, mercados, jurisdicción e infraestructura; los Estados Unidos ocupan posiciones excepcionales en varias redes, y China, Europa y otros, en otras. La geografía política y la infraestructural se superponen sin coincidir.

Y cuando una capacidad crítica se concentra, la dependencia de quien carece de alternativas puede convertirse en poder para quien controla los nodos. No hace falta demostrar el abuso para demostrar el poder; ni la conspiración para demostrar la concentración; ni esperar a la desconexión para medir la dependencia. Esta es, exactamente, la diferencia entre paranoia y prudencia: la paranoia atribuye una intención que no puede probar; la prudencia reconoce una vulnerabilidad antes de que alguien la explote. La doctrina estratégica elemental no espera a que derriben el puente para preguntar si existe otro.

Y aquí aparece la pregunta que América Latina debería formularse con urgencia: ¿qué podemos seguir haciendo si otro deja de permitírnoslo por medio de su infraestructura? La pregunta incomoda porque durante décadas confundimos acceso con posesión. Usamos una tecnología y creemos tenerla; operamos sobre una plataforma y nos sentimos dueños de una presencia digital; guardamos datos en una nube y suponemos capacidad de cómputo; operamos en dólares y confundimos el acceso a una infraestructura monetaria con la soberanía sobre ella. La diferencia aparece cuando la puerta se cierra. Entonces descubrimos que usar no era poseer, y depender no era gobernar.

La pregunta latinoamericana no puede reducirse, pues, a cuántas personas tienen Internet, cuántas cuentas abrimos o cuántos trámites digitalizamos. Debe ser más severa: ¿qué alternativas propias conservamos? ¿Podemos pagar y liquidar si ciertas vías internacionales dejan de estar disponibles? ¿Tenemos infraestructura de datos y capacidad de cómputo suficientes para sostener funciones esenciales? ¿Existe portabilidad real entre proveedores? ¿Podemos migrar, sustituir, operar durante una interrupción? ¿Sabemos cuáles son nuestros puntos únicos de fallo? ¿Tenemos caminos que no dependan todos del mismo nodo?

No se trata de autarquía —ningún país moderno produce todo lo que necesita— ni de hostilidad hacia los Estados Unidos o hacia las grandes empresas, muchas de las cuales ocupan posiciones centrales porque resolvieron problemas difícilísimos a una escala que otros no alcanzaron. El problema no es extranjero contra nacional. Es dependencia sin alternativa. Un Estado prudente no necesita poseer todas las carreteras del mundo; necesita saber qué hará si el único puente que lleva a su casa pertenece a otro.

La soberanía adquiere entonces un sentido menos declamatorio. No consiste en proclamar independencia, sino en conservar capacidad real de actuación. China lo ha comprendido en varios ámbitos técnicos; Rusia ha desarrollado alternativas en ciertos sistemas financieros y de comunicación; la India construyó infraestructura propia de pagos; y el Brasil hizo algo particularmente interesante.

No son proyectos equivalentes ni responden a los mismos fines, y no forman un frente común contra el dólar. La semejanza relevante es más elemental: los Estados han comprendido que depender de la infraestructura de otro es depender, en alguna medida, de su poder. El Brasil lo muestra con claridad: Pix no es una aplicación comercial más; su esquema es propiedad del Banco Central, que administra piezas centrales de la infraestructura. El país no eliminó la intermediación: construyó infraestructura propia para una función estratégica.[21]

Eso puede aumentar la autonomía externa. Pero justamente ahí comienza la segunda mitad del problema. Porque construir nuestra propia puerta no responde aún quién debe tener la llave.

XI. La soberanía también puede cerrar

Supongamos que un Estado latinoamericano logra reducir radicalmente su dependencia exterior. Construye identidad digital propia, sistema nacional de pagos, nube soberana, infraestructura pública de datos, servicios integrados, capacidad nacional de autenticación. Ha ganado soberanía frente al exterior. ¿Ha ganado libertad el ciudadano? No necesariamente. Puede haber ocurrido lo contrario.

Lo que antes dependía de cinco infraestructuras extranjeras puede depender ahora de una sola infraestructura nacional. El país es menos vulnerable; el hombre puede serlo más. Esta es la paradoja que una teoría seria de la soberanía tecnológica no puede ocultar: descentralizar hacia fuera no significa descentralizar hacia dentro. La soberanía del Estado y la libertad del ciudadano son bienes distintos. Pueden ordenarse; también pueden entrar en tensión.

La infraestructura pública digital lo deja ver. Identidad, pagos, intercambio de datos y credenciales pueden funcionar como carreteras invisibles reutilizadas por la administración y la economía. La comparación con la carretera es buena; por eso hay que terminar de pensarla. Si la identidad es carretera, preguntemos quién puede impedir circular. Si el pago es carretera, quién puede levantar la barrera. Si una misma credencial abre cada vez más puertas, sepamos qué ocurre cuando deja de abrir. La infraestructura pública digital puede reducir costes, combatir el fraude, ampliar la inclusión y fortalecer la soberanía; y, precisamente porque funciona bien, puede volverse indispensable. Cuanto más indispensable, mayor el poder de quien la administra. El Estado soberano puede convertirse en el gran guardián de acceso de sus ciudadanos. No habremos resuelto el problema: lo habremos nacionalizado.

Aquí la tradición de Verbo obliga a resistir una tentación que acompaña al pensamiento político moderno desde hace siglos: identificar la soberanía con la suficiencia del título. Danilo Castellano insiste en que el bien común no es lo que el poder decide llamar bien, ni el bien del aparato estatal, ni la suma aritmética de las preferencias privadas. La comunidad política posee un orden y un fin que la voluntad soberana no crea, sino reconoce y sirve.[22]

Esto transforma por completo la soberanía tecnológica. Una infraestructura nacional no es buena por ser nacional: es buena en cuanto está justamente ordenada al bien común. Un sistema de identidad que reduzca la dependencia externa puede ser prudente; el mismo sistema usado para condicionar arbitrariamente la vida civil sería injusto. Una infraestructura de pagos puede aumentar eficiencia y autonomía; la capacidad técnica de condicionar los pagos no vuelve legítima cualquier condición. Una nube pública puede proteger información estratégica; la propiedad estatal no santifica toda forma de vigilancia. La independencia exterior es un bien, pero un bien instrumental: no es el fin último de la política. El Estado puede poseer la llave; todavía debe probar su derecho a cerrarla.

Esta es la simetría que debe salvarnos de dos ingenuidades. Una cree que toda dependencia extranjera es libertad, porque el proveedor es privado. La otra cree que toda infraestructura nacional es soberanía y, por ello, buena. Ambas confunden la localización del poder con su justicia. Cambiar de guardián no libera necesariamente al hombre.

XII. Cuando se apaga una sociedad

Hay una manera brutal de comprender el fenómeno entero: apagar la red. Los apagones deliberados de Internet, documentados en decenas de países, muestran una transformación política de fondo: cada función que trasladamos a la red aumenta lo que puede perderse cuando la red desaparece.[23]

Cuando Internet servía sobre todo para el correo y las páginas, apagarlo era perder comunicaciones e información. Cuando por Internet también se trabaja, se paga, se estudia, se autentica, se contrata, se pide transporte, se accede a servicios y se demuestra la identidad, el mismo interruptor produce consecuencias incomparablemente mayores. El poder del interruptor crece con cada función social que colocamos detrás de él.

Y entonces aparece la cascada. Sin identidad puede no haber autenticación; sin autenticación, no haber cuenta; sin cuenta, no haber pago; sin pago, no haber transporte; sin transporte, no haber trabajo. No siempre ocurrirá así, ni toda consecuencia será jurídicamente imputable a quien produjo la primera. Pero el fenómeno existe: la cascada infraestructural es la propagación de un cierre o de un fallo desde un nodo hacia las funciones que dependen de él. Cada administrador ve una decisión; el hombre recibe la suma. Ello obliga incluso a repensar la proporcionalidad: no basta preguntar qué hizo la primera decisión; hay que preguntar, cuando sea razonablemente previsible, qué puertas caerán detrás.

XIII. El castigo sin rostro

El poder infraestructural posee, además, una ventaja retórica formidable: puede hablar en voz pasiva. «El sistema rechazó la operación»; «La cuenta fue marcada»; «No cumple los criterios»; «El contenido no es elegible»; «La identidad no pudo verificarse». El lenguaje es perfecto: oculta el verbo.

Y todo poder tiene un verbo. Alguien diseñó el criterio; alguien eligió el umbral; alguien posee la infraestructura; alguien aprobó la regla; alguien decidió automatizarla; alguien puede corregir el resultado, o negarse a hacerlo. Aun cuando la decisión inmediata sea automática, la arquitectura no cayó del cielo.

Una sociedad libre necesita conservar la trazabilidad moral y jurídica del poder. No basta saber que la puerta se cerró: hay que poder saber quién responde por ella. No se trata de poner un funcionario detrás de cada transacción, sino de impedir que la complejidad se convierta en una máquina de irresponsabilidad. A mayor capacidad de exclusión, mayor necesidad de causa; a mayor indispensabilidad, mayor densidad de garantías; a mayor duración, mayor exigencia de revisión; a mayor cascada previsible, mayor exigencia de proporción.

Y cuando la decisión depende de una clasificación automatizada, debe existir un camino suficiente para que reaparezca lo que el sistema había convertido en categoría: el hombre concreto. No su puntuación. No su perfil. No la población estadística a la que se parece. Él. Porque la justicia termina siempre en el singular.

XIV. Las tres libertades

Durante años se habló, con razón, del derecho de acceso: quedar fuera del mundo digital puede significar exclusión educativa, económica, administrativa o cultural. Pero conforme conectarse se vuelve necesario, aparecen otras dos cuestiones: la posibilidad de permanecer fuera cuando razonablemente pueda hacerse, y la garantía de no ser arbitrariamente expulsado cuando permanecer fuera ha dejado de ser una alternativa real.

Son problemas distintos. Libertad de acceso. Libertad frente al acceso obligatorio. Garantía frente a la exclusión arbitraria. Pensar sólo la primera conduce a una sociedad en que todos deben entrar. Pensar sólo la segunda convierte lo analógico en privilegio de los ya protegidos. Absolutizar la tercera produciría un supuesto derecho ilimitado a usar infraestructuras ajenas. Las tres deben ordenarse entre sí, de modo que la técnica permanezca al servicio del hombre sin volverse, en silencio, condición total de la ciudadanía.

Esto explica por qué importa conservar el efectivo; por qué importan la interoperabilidad y la portabilidad; por qué ciertas funciones esenciales necesitan caminos alternativos; por qué una identidad digital no debería convertir un fallo técnico en inexistencia civil; por qué la infraestructura estratégica necesita redundancia; y por qué la soberanía tecnológica no puede significar, sin más, entregar al Estado todas las llaves que antes estaban en manos extranjeras.

XV. América Latina frente al edificio

Podemos formular ya con precisión la pregunta. No es ¿somos suficientemente digitales?, ya que es demasiado pobre. Tampoco, es ¿tenemos grandes empresas tecnológicas?, pues apenas toca la superficie. La pregunta es: ¿de qué dependemos para seguir funcionando? Y enseguida: ¿quién controla aquello de lo que dependemos?

El dólar. Los pagos. Las tarjetas. Las plataformas. La inteligencia artificial. La nube. La infraestructura de datos. Los sistemas operativos. Los cables. Los centros de datos. Los semiconductores. Todo lo que desde el teléfono parece tecnología, contemplado desde un Estado, es también geopolítica. Todo lo que ante el consumidor aparece como comodidad, contemplado desde la soberanía, es también dependencia. Y toda dependencia suficientemente concentrada encierra una cuestión de poder —no porque vaya a ser usada necesariamente contra nosotros, sino porque puede serlo—.

Una estrategia seria empieza por inventariar esa capacidad. ¿Podemos pagar? ¿Almacenar? ¿Comunicar? ¿Identificarnos? ¿Computar? ¿Sostener servicios esenciales? ¿Migrar? ¿Sustituir? ¿Operar durante una interrupción? ¿Tenemos capacidad regional donde la nacional resulte insuficiente? ¿Conocemos nuestros puntos únicos de fallo? ¿Hay caminos que no dependan todos del mismo nodo? Y, por fin: ¿cuántas puertas esenciales pueden cerrarse desde fuera? Ésa es la pregunta de la soberanía exterior. Inmediatamente aparece su espejo: ¿cuántas pueden cerrarse desde dentro?

Una América Latina que sustituyera la dependencia extranjera por la omnipotencia digital del Estado no habría resuelto el problema político: sólo habría acercado al guardián. La alternativa no es dependencia o Leviatán. Es un orden de infraestructuras en que la soberanía, la subsidiariedad, la propiedad, los cuerpos intermedios, la pluralidad, la redundancia, la competencia, las garantías y el bien común impidan que la concentración técnica se convierta en dominación. La infraestructura estratégica debe dejar libre a la comunidad política frente al exterior; su orden jurídico debe dejar libre al hombre dentro de ella. Son las dos caras de una misma prudencia.

XVI. Una constitución para las puertas

No necesitamos inventar desde cero una Constitución de Internet. Poseemos principios mucho más antiguos que las máquinas: competencia, causa, proporcionalidad, responsabilidad, defensa, revisión, propiedad, subsidiariedad, bien común. Lo nuevo es descubrir dónde deben aplicarse.

Una infraestructura accesoria puede conservar amplísima libertad para fijar condiciones. Conforme se vuelve dominante, difícilmente sustituible y necesaria para actos ordinarios, la situación cambia —no porque la propiedad desaparezca, sino porque surgen relaciones de justicia que antes no tenían la misma intensidad—. Cabe formular la regla: a mayor indispensabilidad de la infraestructura y menor posibilidad real de sustitución, mayor ha de ser la densidad de garantías frente a quien puede excluir.

Esto no significa convertir toda infraestructura en servicio público, ni estatizarla, ni reconocer a cualquiera un derecho perpetuo a usarla. Significa que el Derecho debe mirar la realidad; y en la realidad, una puerta usada por cien personas no tiene el mismo poder que una puerta por la que necesitan pasar cien millones. Aquí la subsidiariedad no es un adorno: manda que la función quede en la instancia más próxima capaz de cumplirla, y que la superior sólo la asuma cuando aquélla no basta —regla que vale contra el monopolio privado tanto como contra la absorción estatal—.[24]

La justicia del cierre dependerá, entonces, de quién cierra, con qué título, por qué causa, para qué fin, por cuánto tiempo, qué alternativas quedan, qué consecuencias previsibles produce y qué posibilidad real hay de impugnar un error o un abuso. No es una teoría tecnológica: es la vieja justicia aplicada a una realidad nueva. Santo Tomás habría reconocido la estructura aunque no pudiera imaginar el objeto: fin, autor, forma, bien común, prudencia.

La ley justa no lo es por poder imponerse. Importan aquello a lo que se ordena, la autoridad de quien la establece y la proporción de las cargas que reparte; la ley que se aparta de la razón y del bien común pierde su carácter de ley y se hace violencia. Por eso ni la empresa puede decir «es mía la infraestructura, luego todo cierre es justo»; ni el Estado «es soberana, luego todo uso es legítimo»; ni el individuo «la necesito, luego tengo derecho absoluto a usarla». Las tres proposiciones confunden propiedad, poder o necesidad con justicia.[25]

Vallet nos devuelve entonces a la pregunta elemental: ¿qué es lo debido? D’Ors impide confundir la capacidad con la autoridad. Castellano impide identificar el bien común con la voluntad soberana. Gambra y De Corte recuerdan que la desaparición de las mediaciones humanas puede aumentar, no disminuir, la dependencia del hombre. Lessig muestra dónde regula la arquitectura. Lyon, cómo el dato distribuye categorías y tratamientos. Zuboff, cómo la predicción puede volverse intervención. Swartz descubre el poder escondido en los sistemas de pago. Farrell y Newman explican por qué las redes mundiales producen centros explotables. Zarate muestra que algunos de esos centros han sido usados como armas; Mulder, que el arma económica es más vieja que sus infraestructuras. Ninguno sustituye al otro: cada uno descubre un piso. Y Santo Tomás proporciona las distinciones con que juzgar el edificio entero.

XVII. Quién tiene la llave

Podemos regresar, por fin, al hombre del principio. Sigue sosteniendo el teléfono. Ahora sabemos que dentro de aquel pequeño objeto no hay simplemente aplicaciones: hay capas. La identidad pasa por una puerta; el dinero, por otra; la palabra, por otra; el trabajo, por otra; los documentos, por otra; el mercado, por otra; la relación con el Estado, por otra. Y las puertas dependen unas de otras. Miradas desde sus propietarios, parecen industrias distintas; desde sus funciones, sistemas distintos; desde el hombre sobre el que actúan, una sola arquitectura de dependencia. Eso es lo que estas páginas han querido hacer visible.

Podemos, en fin, nombrarlo. La digitalización traslada una parte creciente del poder desde la capacidad de mandar directamente sobre nuestros actos hacia la capacidad de administrar las condiciones materiales con que los realizamos. Es poder infraestructural, porque reside en el dominio o control de los medios; es poder de acceso, porque se manifiesta admitiendo, condicionando, restringiendo o excluyendo; se vuelve dominación cuando la dependencia, la falta de alternativas, la concentración y la cascada colocan a una persona, a una empresa o a una comunidad política bajo una capacidad desproporcionada de condicionamiento; y adquiere dimensión geopolítica cuando las infraestructuras de que depende una comunidad cruzan fronteras y sitúan sus nodos decisivos bajo jurisdicciones o actores externos.

Esta es la categoría, y permite ordenar lo que de otro modo parecería una colección inconexa de problemas: cuentas bloqueadas, plataformas, sistemas operativos, identidad digital, pagos, apagones, nubes, sanciones, semiconductores, inteligencia artificial, soberanía tecnológica. No son lo mismo, no tienen el mismo régimen jurídico, no merecen el mismo juicio moral; pero comparten una pregunta: ¿quién controla el medio del que otro depende para obrar?

No necesitamos probar que una sola mano posee todas las llaves; tampoco negar que pueda existir coordinación, jerarquía o una concentración mayor de la que esta indagación alcanza a documentar. Ésa será otra pregunta. Para ésta basta algo anterior. El edificio existe. Tiene propietarios, financiadores, administradores, jurisdicciones, normas, centros y puertas. Y posee una capacidad de exclusión que crece a medida que colocamos detrás de ellas funciones necesarias para vivir. Este es el hecho político.

La respuesta no consiste en destruir el edificio; sería absurdo. Dentro de él hay prodigios. Una familia habla a través de un océano. Un pequeño empresario vende fuera de su país. Un campesino recibe un pago instantáneo. Un enfermo es atendido a distancia. Un estudiante entra, desde su cuarto, en bibliotecas que ningún monarca antiguo habría podido reunir. La técnica ha multiplicado bienes reales. Precisamente por eso importa quién controla su acceso: cuanto más valioso es el edificio, más grave es quedar fuera; y cuanto más difícil resulta vivir fuera, más importa la justicia de sus puertas.

Tal vez sea esta la paradoja de nuestra época. Nunca el hombre tuvo tantas posibilidades al alcance de la mano. Y nunca tantas de ellas necesitaron que algo respondiera primero: acceso concedido.

El Estado de Derecho nunca prometió una sociedad sin puertas, y la justicia no exige que todas permanezcan siempre abiertas. Exige algo anterior: que la llave no se confunda con el derecho a usarla; que quien cierre pueda responder por qué, con qué autoridad, para qué bien, con qué proporción y hasta cuándo; que el error encuentre recurso; que el singular pueda reaparecer detrás de la categoría; que existan caminos alternativos allí donde la dependencia absoluta entregaría demasiado poder a una sola puerta; que la soberanía exterior no se compre al precio de la dominación interior; y que conservemos suficientes puertas, caminos y llaves para que la vida de un hombre —o la libertad de un pueblo— no dependa enteramente de la autorización de otro.

Durante años preguntamos quién podía mirarnos a través de la pantalla. Era una buena pregunta. Lyon nos enseñó lo que podía hacerse después de mirar; Zuboff, lo que podía hacerse después de predecir; Lessig, lo que podía hacerse mediante la arquitectura; Farrell y Newman, lo que podía hacerse cuando esa arquitectura formaba redes mundiales con centros y cuellos de botella. La pregunta había cambiado mientras nosotros discutíamos la anterior. Porque mientras nos preguntábamos quién podía observarnos, trazábamos identidad, dinero, trabajo, palabra, memoria y gobierno hacia infraestructuras desde las cuales también sería posible admitirnos o dejarnos fuera.

Ahora estamos frente al edificio. No conocemos todos sus planos; no sabemos quién ocupa cada despacho; no hemos reconstruido aún hasta dónde ascienden sus relaciones de coordinación y mando. Pero desconocer el último piso no vuelve imaginarios los cimientos. Podemos ignorar todavía el organigrama del poder; no podemos ignorar el poder cuando tenemos delante su obra.

Por eso la pregunta decisiva ya no es sólo quién puede mirarnos. Es más antigua, más sencilla y, después de todo lo que hemos colocado detrás de esas puertas, mucho más grave:

¿quién tiene la llave? ●

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Notas

[1] Nota sobre el aparato. Las referencias que siguen han sido cotejadas con las fuentes primarias o con ediciones autorizadas. En los pasajes de Santo Tomás se cita por parte, cuestión y artículo de la Summa Theologiae, con el original latino cuando la formulación es decisiva. Un breve elenco final señala los puntos cuya paginación exacta conviene confirmar sobre el ejemplar del autor antes de la edición definitiva.

[2] Henry Farrell y Abraham Newman, «Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion», International Security, vol. 44, n.º 1 (verano de 2019), pp. 42-79. La tesis se amplía en Daniel W. Drezner, Henry Farrell y Abraham L. Newman (eds.), The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence, Washington, Brookings Institution Press, 2021.

[3] Los autores condicionan expresamente la coerción a dos requisitos concurrentes: (1) jurisdicción efectiva sobre los nodos centrales y (2) instituciones internas idóneas para explotar esa ventaja (Farrell y Newman, art. cit., pp. 54-56). De ahí que la mera centralidad topológica pruebe capacidad, no ejercicio.

[4] El «efecto panóptico» toma su nombre del diseño carcelario de Jeremy Bentham reelaborado por Michel Foucault en Surveiller et punir (París, Gallimard, 1975); el «efecto cuello de botella» (chokepoint) designa la capacidad de negar el paso por un nodo insustituible. Ejemplo canónico de ambos: el uso de SWIFT tras 2001 y el corte a la banca iraní en 2012 (Farrell y Newman, art. cit., pp. 57-64).

[5] David Lyon, Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk, and Digital Discrimination, Londres, Routledge, 2003; y Surveillance Society: Monitoring Everyday Life, Buckingham, Open University Press, 2001. La categoría de social sorting designa el uso de información para asignar a personas y poblaciones a categorías que reciben tratamientos diferenciales.

[6] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Nueva York, PublicAffairs, 2019. El excedente conductual (behavioral surplus) se expone en el cap. 3; los mercados de futuros conductuales en el cap. 4; el poder instrumentario (instrumentarian power), definido como «la instrumentación e instrumentalización del comportamiento humano con fines de modificación, predicción, monetización y control», en la parte III.

[7] Santo Tomás, Summa Theologiae, I-II, q. 57, a. 4: «ars est recta ratio factibilium; prudentia vero est recta ratio agibilium». La distinción descansa en la de facere y agere: «factio est actus transiens in exteriorem materiam… agere autem est actus permanens in ipso agente». El bien del arte está en la obra hecha; el de la prudencia, en el propio agente, y por ello ésta «praesupponens rectitudinem appetitus» (ibid., a. 5, ad 1).

De ahí la consecuencia capital para estas páginas: la clasificación algorítmica es un factibile —una obra que sale a la materia exterior—, mientras que hacer justicia a este hombre concreto es un agibile que exige rectitud del apetito hacia el fin, de la que ninguna máquina es sujeto. Sobre el carácter singular de la prudencia, ibid., II-II, q. 47, a. 3 y a. 6.

[8] Juan Vallet de Goytisolo, «Propiedad y justicia, a la luz de Santo Tomás de Aquino», Verbo, n.º 188 (sep.-oct. de 1980), pp. 1074-1075. Vallet, máximo exponente del realismo jurídico español, subordina todo derecho subjetivo a la pregunta anterior por lo debido.

Sobre la organización de los cuerpos intermedios, del mismo autor, «Fundamento y soluciones de la organización de cuerpos intermedios», en Datos y notas sobre el cambio de estructuras, Madrid, Speiro; y Algo sobre temas de hoy, Madrid, Speiro, 1972.

[9] El derecho es «ipsa res iusta» (Santo Tomás, Summa Theologiae, II-II, q. 57, a. 1) y la justicia «perpetua et constans voluntas ius suum unicuique tribuendi» (ibid., q. 58, a. 1). Toda la indagación de estas páginas cabe en la pregunta clásica: suum cuique, ¿qué es lo suyo de cada uno y quién se lo debe?

[10] Santo Tomás, Summa Theologiae, I, q. 82, a. 1. Distingue la necessitas naturalis, la necessitas finis —«cum aliquis non potest sine hoc consequi, aut bene consequi finem aliquem, ut cibus… ad vitam, et equus ad iter»— y la necessitas coactionis, «cum aliquis cogitur ab aliquo agente». Sentencia decisiva: «haec… coactionis necessitas omnino repugnat voluntati»; la necesidad del fin, en cambio, no suprime la libertad.

[11] Sobre la Libertad abstracta proclamada ideológicamente y las libertades concretas ejercidas en comunidades reales, cf. Rafael Gambra, en la línea de la escuela tradicional hispánica; véanse sus estudios sobre la sociedad tradicional y la sociedad de masas recogidos en la revista Verbo. (Convendrá fijar la referencia y la paginación exactas sobre el texto que el autor tenga a la vista.)

[12]Marcel de Corte acuñó el término dissociété: véase «De la sociedad a la termitera pasando por la disociedad», Verbo, n.º 131-132 (1975), pp. 93 y ss.; y L’intelligence en péril de mort, París, 1969. El mejor estudio del conjunto es el de Danilo Castellano, L’aristotelismo cristiano di Marcel de Corte, Florencia, 1975.

[13] Álvaro d’Ors definió la auctoritas como «el saber socialmente reconocido» y la potestas como «el poder socialmente reconocido»: Ensayos de teoría política, Pamplona, Eunsa, 1979; y Bien común y enemigo público, Madrid, Marcial Pons, 2002.

Su diagnóstico del Estado moderno —la auctoritas absorbida por la potestas, que así se torna ilimitada por falta de instancia externa de reconocimiento— ilumina de modo exacto el poder infraestructural, que es potencia y, a lo sumo, potestas, pero rara vez auctoritas.

[14] Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, Nueva York, Basic Books, 1999; ed. revisada, Code: Version 2.0, Nueva York, Basic Books, 2006. Las cuatro modalidades reguladoras —ley, normas, mercado y arquitectura (code)— integran la llamada pathetic dot theory.

[15] Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, sobre mercados disputables y equitativos (Digital Markets Act), que emplea la figura del gatekeeper —guardián de acceso— para determinados servicios básicos de plataforma. Los precedentes son las viejas figuras del common carrier, la public utility y la doctrina de las essential facilities.

[16] Sobre la distinción entre expulsión de usuarios (deplatforming) y retirada de la infraestructura a la propia plataforma (deplatformization), cf. la literatura de estudios de plataforma (J. van Dijck, T. Poell, D. Nieborg). (Referencia a precisar en la edición crítica.)

[17] Lana Swartz, New Money: How Payment Became Social Media, New Haven, Yale University Press, 2020, esp. cap. 4, «Transactional Politics: Getting Paid and Not Getting Paid». Swartz muestra el pago como «comunidad transaccional» de la que se puede ser excluido. —Con propiedad, el término chokepoint pertenece a Farrell y Newman (supra, n. 2); en Swartz el fenómeno se piensa como pertenencia y exclusión de una comunidad comunicativa.

[18] Juan C. Zarate, Treasury’s War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare, Nueva York, PublicAffairs, 2013. El autor, subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para la financiación del terrorismo y después asesor adjunto de seguridad nacional, describe desde dentro la conversión de la centralidad financiera en instrumento de coerción.

[19] Nicholas Mulder, The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, New Haven, Yale University Press, 2022. Mulder traza la genealogía del bloqueo bélico a la sanción en tiempo de paz: una «coerción a distancia» sobre poblaciones civiles.

[20] Santo Tomás, Summa Theologiae, II-II, q. 40, a. 1, sobre las condiciones de la guerra justa —auctoritas principis, causa iusta, recta intentio— y, para el daño colateral, ibid., q. 64, a. 7 (el principio del doble efecto).

La cascada infraestructural reproduce, a otra escala y con otro régimen jurídico, el problema clásico de la proporcionalidad y del efecto no querido pero previsible.

[21] El sistema Pix, cuyo esquema es propiedad del Banco Central do Brasil y cuya infraestructura central éste administra, entró en operación en noviembre de 2020. No suprimió la intermediación: construyó infraestructura propia para una función estratégica.

[22] Danilo Castellano, Orden ético y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2010; «¿Qué es el bien común?» y «De la comunidad al comunitarismo», Verbo, n.º 465-466 (2008), pp. 489 y ss. El bien común no es la voluntad del poder, ni el bien del aparato estatal, ni la suma aritmética de preferencias, sino el orden y el fin propios de la comunidad política, que la soberanía no crea.

[23] Sobre los apagones deliberados de Internet, véanse los informes anuales de la campaña #KeepItOn (Access Now). —Las cifras concretas deben citarse por el informe del año correspondiente y quedan a verificación del autor.

[24] Sobre la subsidiariedad, Pío XI, encíclica Quadragesimo anno (1931), n.º 79; principio arraigado en la doctrina clásica de los cuerpos intermedios y en el realismo tomista de la sociedad como orden de órdenes.

[25] «Lex iniusta non est lex.» La ley que se aparta de la razón y del bien común pierde su carácter de ley y se hace violencia (cf. Santo Tomás, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2; y q. 96, a. 4). La justicia del cierre depende, como la de la ley, de su fin, de su autor, de su forma y de la proporción de las cargas.