México ante la nueva geopolítica de los alimentos: integración norteamericana, capacidades productivas y responsabilidad histórica hacia 2075

La transformación del comercio mundial ha devuelto a la alimentación una importancia que durante décadas pareció reservada a la energía, las finanzas y la tecnología. México participa de este cambio desde una posición privilegiada: su integración con Estados Unidos y Canadá le proporciona acceso a uno de los espacios productivos más desarrollados del mundo, mientras su diversidad agrícola le permite competir en mercados internacionales de elevado valor. El desafío no consiste en abandonar una integración beneficiosa, sino en fortalecerla mediante capacidades nacionales, vínculos comerciales complementarios y una concepción de la prosperidad que reconozca las obligaciones del hombre con la tierra, las comunidades y las generaciones futuras.

I. El regreso de los alimentos a la política mundial

Durante varias décadas, la expansión del comercio internacional pareció haber encontrado una respuesta satisfactoria a uno de los problemas más antiguos de la organización política: asegurar el abastecimiento de las poblaciones. La especialización productiva, el desarrollo de las comunicaciones y el perfeccionamiento del transporte permitieron que los alimentos circularan entre continentes con una regularidad desconocida para generaciones anteriores.

Aquella transformación produjo beneficios indiscutibles. Amplió los mercados, estimuló inversiones y permitió aprovechar las ventajas comparativas de distintas regiones. Sin embargo, su éxito favoreció una confusión de consecuencias políticas considerables: se tomó la eficiencia del intercambio por garantía de su continuidad.

La guerra en Ucrania, las perturbaciones energéticas, las restricciones comerciales y la rivalidad entre las grandes potencias han vuelto a mostrar que el mercado mundial no existe al margen de la política. Sus mercancías atraviesan fronteras, dependen de infraestructuras sometidas a distintas jurisdicciones y circulan por rutas cuya seguridad nunca está enteramente asegurada.

La globalización no ha desaparecido. Ha perdido, sin embargo, aquella apariencia de neutralidad que permitía imaginar que las consideraciones económicas terminarían imponiéndose siempre sobre los conflictos de poder.

China constituye una expresión reveladora de este cambio. Su estrategia alimentaria combina capacidades nacionales de producción, diversificación de proveedores, acumulación de reservas, desarrollo tecnológico y búsqueda de nuevas conexiones terrestres y marítimas. La soja procedente de Brasil, indispensable para una parte importante de su producción pecuaria, muestra la dimensión del problema: no basta con adquirir un producto en condiciones favorables; es necesario transportarlo a través de rutas expuestas a tensiones geopolíticas.

Estados Unidos parte de una posición distinta. Su extraordinaria capacidad cerealera, su desarrollo tecnológico y su integración logística le permiten ejercer una influencia decisiva sobre el comercio agrícola mundial. Brasil ha transformado la expansión de su agricultura en una fuente de poder económico internacional. Canadá conserva una posición relevante en cereales, oleaginosas y fertilizantes.

México se encuentra entre esas fuerzas, con una ventaja geográfica singular: comparte una extensa frontera terrestre con la principal potencia agrícola del continente y dispone de acceso a dos océanos. Su posición no debe entenderse como una disyuntiva entre pertenecer a América del Norte o participar en otros mercados. Precisamente porque su integración norteamericana constituye una fortaleza, México puede utilizarla como fundamento de una inserción internacional más amplia.

La cuestión no es sustituir relaciones comerciales que han demostrado su utilidad, sino acompañarlas de capacidades propias y de vínculos complementarios que permitan responder a circunstancias diversas. La seguridad alimentaria no consiste en prescindir del mundo. Consiste en participar en él con la capacidad suficiente para afrontar sus contingencias.

Pero tampoco debe confundirse la seguridad con un fin absoluto. El abastecimiento posee importancia porque sostiene la vida familiar, el trabajo, la estabilidad social y las condiciones materiales del bien común.

II. La paradoja mexicana: una agricultura próspera y sus dependencias

La agricultura mexicana expresa una contradicción que no puede apreciarse únicamente mediante las cifras del comercio exterior. El país ha desarrollado sectores agroexportadores de considerable productividad. Frutas, hortalizas y otros productos de elevado valor abastecen mercados internacionales, generan divisas y sostienen economías regionales enteras. La cercanía con Estados Unidos permite aprovechar oportunidades comerciales que otros competidores deben afrontar con mayores costos de transporte.

Esa especialización constituye una fortaleza que debe conservarse y desarrollarse. Pero junto a ella existe una dependencia significativa de importaciones de maíz amarillo, soja, trigo y determinados insumos utilizados por la industria alimentaria y la producción pecuaria.

La diferencia entre el maíz blanco destinado principalmente al consumo humano y el maíz amarillo utilizado ampliamente en alimentación animal e industria resulta fundamental. Una política que ignore esa distinción puede anunciar objetivos de autosuficiencia sin comprender las cadenas productivas que pretende proteger.

El maíz importado no termina necesariamente en una tortilla. Puede convertirse, mediante los sistemas de alimentación animal, en pollo, huevo, carne de cerdo o productos lácteos. Por eso una interrupción del abastecimiento de granos puede trasladarse a los precios de alimentos muy distintos de aquellos que ingresaron originalmente por la frontera.

Tampoco sería razonable sostener que cada tonelada adquirida en el exterior representa una pérdida de soberanía. Importar cereales producidos eficientemente en regiones de abundante tierra y agua puede permitir a México destinar sus recursos escasos a actividades de mayor valor. La integración agrícola con Estados Unidos ofrece un ejemplo especialmente importante de esa complementariedad: los productores mexicanos encuentran en el mercado estadounidense oportunidades extraordinarias, mientras las importaciones de granos e insumos contribuyen al funcionamiento de cadenas alimentarias nacionales.

El problema surge cuando una decisión productiva conveniente deja de acompañarse de una evaluación suficiente de sus riesgos. Una importación puede ser eficiente en condiciones normales y requerir mecanismos de respaldo ante circunstancias extraordinarias. Ello exige identificar los productos cuya interrupción tendría efectos sistémicos, calcular las capacidades nacionales de sustitución y determinar qué reservas, contratos complementarios o inversiones productivas justifican su costo.

La seguridad alimentaria necesita una contabilidad física de las dependencias: alimentos, semillas, fertilizantes, combustibles, energía, almacenamiento y transporte. A esa contabilidad debe incorporarse una dimensión frecuentemente relegada: la capacidad adquisitiva de los hogares. La existencia de alimentos en el territorio no garantiza que todos puedan obtenerlos; una crisis puede manifestarse como encarecimiento antes que como desabasto.

México necesita producir mejor, pero también conservar suelos, reducir pérdidas, fortalecer la sanidad vegetal y animal, ampliar el acceso al financiamiento y mejorar las conexiones entre productores y consumidores. Un productor puede disponer de tierra y conocimiento, pero no sembrar por falta de crédito; puede cosechar abundantemente y perder una parte de su producción por ausencia de refrigeración. La seguridad comienza mucho antes de la cosecha y termina mucho después de ella.

Pero la actividad agrícola tampoco puede comprenderse únicamente mediante sus funciones económicas. La tierra es, al mismo tiempo, medio de producción, patrimonio familiar y ámbito de relaciones sociales cuya continuidad se ha construido durante generaciones. En torno a ella existen familias, municipios, asociaciones, empresas y comunidades que conservan conocimientos, formas de cooperación y responsabilidades propias.

La pérdida de una comunidad rural no representa solamente la reducción de una población económicamente activa. Puede significar la interrupción de conocimientos prácticos, vínculos familiares, costumbres y formas de colaboración cuya reconstrucción resulta difícil. La continuidad de la vida rural requiere propiedad protegida, seguridad, ingresos dignos, servicios, crédito, libertad de asociación y posibilidades reales para las nuevas generaciones.

III. América del Norte: de la integración comercial a la seguridad compartida

La pertenencia económica de México a América del Norte constituye una de sus mayores ventajas estratégicas. Estados Unidos dispone de capacidades agrícolas, financieras, científicas y logísticas extraordinarias. Canadá complementa ese espacio mediante su producción cerealera, oleaginosa y de insumos esenciales. México aporta diversidad climática, capacidades agroindustriales y una posición territorial que permite integrar mercados a lo largo de distintas estaciones del año.

La complementariedad es real y ha permitido desarrollar cadenas productivas de considerable importancia para los tres países. Sin embargo, las economías que participan en una misma integración no poseen necesariamente idénticas capacidades para afrontar una interrupción comercial, una emergencia sanitaria o un fenómeno climático extremo. Reconocer esas diferencias no implica cuestionar los beneficios de la integración. Permite identificar las inversiones y los acuerdos necesarios para fortalecerla.

Una estrategia alimentaria mexicana debería partir de una premisa fundamental: la continuidad del abastecimiento es también un interés compartido de América del Norte. La estabilidad de las cadenas de granos, alimentos balanceados, productos pecuarios y mercancías perecederas beneficia a productores, consumidores e industrias de los tres países.

México tendría razones para promover mecanismos de cooperación sobre información de inventarios, protocolos sanitarios, infraestructura fronteriza, contingencias logísticas y adaptación climática. La coordinación regional podría complementarse mediante relaciones comerciales con Brasil, Argentina y otros productores de América del Sur, así como con proveedores de distintas regiones cuando los costos y las condiciones lo justifiquen.

Esa diversificación no tendría que plantearse como una sustitución de Estados Unidos y Canadá. Su finalidad sería ampliar las posibilidades del conjunto del sistema y mejorar su capacidad de respuesta ante perturbaciones. Una red de abastecimiento con alternativas puede ser más estable para todos sus participantes.

No basta, sin embargo, con diversificar contratos. Un proveedor complementario sólo representa una verdadera garantía cuando existen puertos capaces de recibir su mercancía, instalaciones para almacenarla, medios para transportarla y condiciones financieras y sanitarias que permitan utilizarla oportunamente.

El T-MEC introduce otra dimensión. Los compromisos comerciales permiten ofrecer certidumbre, pero también establecen límites jurídicos al ejercicio de determinadas políticas nacionales. La controversia sobre medidas mexicanas relativas al maíz genéticamente modificado demostró que las decisiones regulatorias pueden desembocar en procedimientos internacionales donde resultan decisivos la evidencia científica, la formulación de las medidas y su compatibilidad con las obligaciones asumidas.

La conclusión no debe ser que México renuncie a proteger la salud, el ambiente o sus recursos genéticos. Debe ser que aprenda a ejercer esas competencias con una preparación jurídica y científica proporcional a sus consecuencias internacionales.

La relación con Estados Unidos incorpora, además, un elemento que la discusión agrícola suele tratar separadamente: el agua. El Tratado de Aguas de 1944 establece obligaciones internacionales en las cuencas compartidas del río Bravo y del Colorado. Su cumplimiento se desarrolla en un contexto de presiones hídricas crecientes y necesidades productivas que no siempre coinciden a ambos lados de la frontera.

México necesita fortalecer los mecanismos técnicos de cooperación, la información sobre disponibilidades, los protocolos de sequía y la planeación de sus distritos de riego fronterizos. El futuro de la integración norteamericana no dependerá únicamente de la reducción de obstáculos comerciales. También requerirá una capacidad compartida para administrar riesgos que atraviesan las fronteras.

IV. El agua: la economía política de un límite natural

La dependencia de un proveedor puede disminuirse mediante nuevas relaciones comerciales, inversiones o acuerdos de cooperación. El deterioro irreversible de un acuífero plantea un problema de naturaleza distinta. Una nación puede modificar sus fuentes de abastecimiento. No puede trasladar sus campos a otra geografía cuando ha agotado el agua que los sostiene.

México enfrenta esta contradicción con especial intensidad. Algunas de sus regiones agrícolas más competitivas se encuentran sometidas a una presión hídrica considerable. La producción de elevado valor puede generar empleo, divisas y prosperidad local mientras depende de extracciones cuya continuidad resulta incierta.

La sostenibilidad no depende del nombre comercial del cultivo, sino de las condiciones de la cuenca, el origen del agua, los métodos de producción y el volumen efectivamente consumido. Un cultivo rentable puede ser compatible con una gestión prudente en una región y resultar insostenible en otra.

Aquí aparece una debilidad que ninguna reforma legislativa puede resolver por sí sola: la insuficiencia de medición y vigilancia efectiva. La existencia de títulos de concesión no garantiza que las extracciones reales correspondan a los volúmenes autorizados. Tampoco la instalación de equipos de riego eficientes demuestra que disminuya el consumo total de una cuenca. Cuando el agua ahorrada permite ampliar superficies cultivadas, la eficiencia individual puede coexistir con una presión colectiva creciente.

México necesita una transición desde la administración documental del agua hacia su conocimiento físico verificable. En los acuíferos sometidos a mayor presión y en los aprovechamientos agrícolas de gran volumen, la medición continua debería convertirse progresivamente en una condición ordinaria de gestión. Los sistemas volumétricos, la transmisión remota de información, las auditorías y la observación satelital pueden contribuir a ese propósito.

Pero conviene distinguir las funciones de cada instrumento. Un medidor registra extracción; los modelos de evapotranspiración ayudan a estimar consumo; la observación del nivel freático permite conocer la evolución del acuífero. Ninguno sustituye enteramente a los demás.

Alrededor de la agricultura intensiva se han constituido economías regionales complejas. Productores, trabajadores, empacadoras, transportistas, proveedores, instituciones financieras y gobiernos locales dependen de actividades cuya transformación puede alterar profundamente la distribución de ingresos. Reducir extracciones puede ser indispensable para preservar una cuenca y, al mismo tiempo, comprometer inversiones legítimas y empleos inmediatos.

La reconversión hídrica requiere financiamiento de largo plazo, asistencia técnica, certidumbre jurídica y compensaciones transitorias donde estén justificadas. No sería razonable subsidiar indefinidamente actividades que continúen agotando un acuífero. Tampoco sería justo trasladar de manera abrupta a trabajadores y comunidades el costo de corregir décadas de decisiones públicas y privadas.

Pero existe una razón más profunda para exigir la conservación. La tierra no es solamente una superficie disponible para la producción ni un activo cuyo valor pueda agotarse en su rendimiento económico. Constituye el ámbito material de relaciones humanas, obligaciones y continuidades que preceden a quienes actualmente la poseen.

Su aprovechamiento legítimo exige reconocer un orden natural que la voluntad del propietario y la decisión administrativa no pueden modificar arbitrariamente. La propiedad encuentra en ese orden su fundamento y también sus límites: confiere facultades reales, pero impone responsabilidades hacia los demás y hacia quienes habrán de recibir los bienes que hoy administramos.

La propiedad privada constituye una institución fundamental para la libertad, la responsabilidad y la estabilidad social. Pero su legitimidad no significa que el uso de los bienes pueda desvincularse de las obligaciones que impone la convivencia. Conservar no significa negar el dominio legítimo, sino ejercerlo conforme a las condiciones que permiten su continuidad.

La erosión, la salinización, la pérdida de materia orgánica y la compactación reducen gradualmente la capacidad productiva y pueden aumentar la necesidad de agua y fertilizantes. La conservación no se opone a la productividad. Se opone a una contabilidad que considera ganancia presente lo que en realidad constituye consumo de capital natural.

V. La soberanía que se pierde entre el campo y el consumidor

La seguridad alimentaria suele imaginarse en términos de superficies cultivadas, toneladas cosechadas y rendimientos por hectárea. Pero entre la producción y el consumo existe un sistema material cuya vulnerabilidad puede ser tan importante como la de los campos.

Los granos necesitan terminales de recepción, silos, transporte, instalaciones industriales y energía. Los productos perecederos requieren centros de acopio, empaque, refrigeración y distribución. Los fertilizantes dependen de cadenas internacionales de materias primas, plantas industriales, puertos y redes terrestres.

Los puertos del Golfo y del Pacífico constituyen nodos relevantes del comercio agroalimentario, pero sería incorrecto atribuirles todo el abastecimiento de granos. Una parte importante de las importaciones procedentes de Estados Unidos ingresa por conexiones terrestres. La vulnerabilidad real depende de la combinación de terminales marítimas, cruces fronterizos, ferrocarriles, carreteras, almacenes y plantas consumidoras.

No basta con identificar los lugares donde se concentra la carga. Es necesario conocer qué ocurriría si alguno dejara de operar: qué capacidad existe para trasladar mercancías hacia otra terminal, qué rutas alternativas podrían utilizarse y qué regiones quedarían primero expuestas.

La estrategia nacional debería comenzar por un mapa de dependencias físicas y someterlo a pruebas periódicas de interrupción. La redundancia tiene un costo, pero también un valor que los cálculos comerciales ordinarios suelen subestimar. Una segunda conexión, un almacén regional o una terminal alternativa pueden parecer inversiones poco rentables mientras todo funciona. Su utilidad aparece cuando falla la infraestructura principal.

La misma lógica se aplica a las pérdidas de alimentos. Una parte de la producción perecedera se deteriora durante la cosecha, el almacenamiento, el transporte o la comercialización. La magnitud varía según el producto y la región; no puede reducirse rigurosamente a un porcentaje único para toda la agricultura mexicana. Reducir pérdidas evitables puede aumentar la disponibilidad efectiva sin ampliar la superficie cultivada ni incrementar proporcionalmente el consumo de agua.

Allí donde la extorsión, el robo de mercancías o la coerción criminal condicionan el transporte y la comercialización, la libertad económica deja de estar plenamente garantizada. La seguridad alimentaria requiere que el Estado conserve la capacidad efectiva de proteger la circulación de bienes esenciales, mediante medidas proporcionales, jurídicamente fundadas y compatibles con la actividad económica ordinaria.

A esta dimensión territorial se añade una nueva dependencia: la tecnológica. La agricultura de precisión, los modelos climáticos, los sensores, la genética y las plataformas de gestión pueden mejorar extraordinariamente la productividad. También pueden concentrar funciones esenciales en tecnologías que los usuarios no tienen capacidad de mantener o sustituir.

México necesita una estrategia de autonomía tecnológica selectiva. Las universidades, los centros públicos de investigación y las empresas nacionales podrían articular capacidades compartidas en genética vegetal, sanidad, información agroclimática, modelación hídrica y sistemas digitales interoperables.

Pero la información técnica no puede sustituir el juicio prudencial acerca de los fines que deben orientar las decisiones. Un sistema de medición puede determinar cuánto agua se extrae. No puede resolver por sí mismo cómo distribuir justamente los sacrificios necesarios para conservar una cuenca. La técnica proporciona instrumentos para actuar sobre la realidad. La prudencia política debe determinar cómo emplearlos conforme a la justicia.

VI. La política que debe sobrevivir a los gobiernos

México no parte de un vacío institucional. Sus programas de agricultura, agua, desarrollo rural, sanidad e investigación contienen objetivos relevantes para la seguridad alimentaria. El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2025-2030 reconoce la necesidad de fortalecer la producción, la resiliencia climática, la sostenibilidad y el bienestar de los productores.

La dificultad reside en que una suma de políticas sectoriales no constituye necesariamente una estrategia nacional. Una dependencia puede promover exportaciones mientras otra intenta reducir la presión hídrica. Una inversión logística puede mejorar la eficiencia comercial y concentrar riesgos en un corredor vulnerable. Cada decisión puede tener una justificación propia y, sin embargo, contribuir a un resultado colectivo contradictorio.

La seguridad alimentaria necesita una instancia capaz de examinar esas relaciones. No sería indispensable crear una nueva secretaría ni concentrar la actividad agrícola bajo una administración extraordinaria. Resultaría más razonable establecer un mecanismo permanente de coordinación estratégica, con responsabilidades definidas, información compartida y evaluación independiente.

Esa arquitectura debería apoyarse en tres instrumentos: un sistema nacional de información estratégica que integre producción, importaciones, inventarios, agua, energía, sanidad y transporte; un mecanismo permanente de pruebas de resistencia ante interrupciones comerciales, contingencias sanitarias, sequías y fallas logísticas; y un programa plurianual de inversiones prioritarias sujeto a evaluación económica y presupuestaria.

No toda vulnerabilidad justifica una obra pública. Algunas pueden corregirse mediante contratos, cambios regulatorios, mejor información, coordinación empresarial o incentivos a la inversión privada. También las reservas estratégicas necesitan prudencia: almacenar indiscriminadamente alimentos puede generar costos elevados, deterioro, distorsiones de precios y oportunidades de corrupción.

La continuidad alimentaria exige fortalecer la sanidad vegetal y animal. Una plaga o enfermedad puede afectar simultáneamente la producción, las exportaciones y los precios internos. Igualmente decisivo es el financiamiento: los productores necesitan crédito, seguros, asistencia técnica, mercados accesibles y certidumbre suficiente para realizar inversiones cuyos beneficios pueden tardar años en materializarse.

La defensa de la propiedad privada no exige aceptar como legítima cualquier forma de acumulación ni cualquier relación contractual. Una economía puede reconocer formalmente el dominio individual y, al mismo tiempo, someter a numerosos productores a condiciones que debiliten su independencia efectiva.

La concentración económica, el endeudamiento y la financiarización de la tierra deben examinarse por sus efectos concretos sobre la libertad, la justicia y la continuidad productiva. Pero tampoco corresponde confundir la dimensión de una explotación con su legitimidad. La cuestión decisiva es que la propiedad pueda ejercerse responsablemente, que los mercados permanezcan abiertos a la competencia y que ninguna forma de poder, público o privado, convierta la dependencia económica en subordinación injusta.

La seguridad alimentaria no puede edificarse sobre la ficción de una sociedad que recibe pasivamente las decisiones de su administración. Antes que los programas públicos existen familias, municipios, propiedades, comunidades, asociaciones y empresas que producen, conservan y transmiten conocimientos. No son piezas de una maquinaria estatal, sino realidades dotadas de fines y responsabilidades propios.

La autoridad política debe proteger su libertad, facilitar su cooperación y atender las necesidades que excedan sus capacidades, sin absorber las funciones que legítimamente les corresponden. Este principio de subsidiariedad no constituye una simple preferencia por la descentralización: responde a una comprensión de la sociedad como un conjunto ordenado de comunidades e instituciones cuya legitimidad no procede exclusivamente del Estado.

La fortaleza de una nación no aumenta necesariamente con la concentración de funciones. Aumenta cuando sus instituciones permiten que las capacidades de la sociedad se desarrollen, cooperen y respondan adecuadamente a sus obligaciones. La seguridad es una condición del bien común. No constituye su totalidad.

VII. Tres horizontes para una misma responsabilidad

Una estrategia alimentaria nacional no puede limitarse al calendario de un gobierno. Pero tampoco debe confundir la planeación de largo plazo con la pretensión de conocer anticipadamente las condiciones del futuro. Los horizontes de 2035, 2050 y 2075 cumplen funciones diferentes.

2035 debe ser el horizonte de la resistencia. Durante la próxima década, México tendría que construir una comprensión verificable de sus dependencias críticas y comenzar a corregir las más peligrosas. La prioridad sería medir las extracciones en los acuíferos sometidos a mayor presión, fortalecer la vigilancia hídrica, identificar los corredores indispensables, conocer los inventarios estratégicos y desarrollar alternativas operativas para las cadenas de granos, fertilizantes y alimentos esenciales.

También deberían establecerse protocolos de continuidad para grandes regiones urbanas, mecanismos de respuesta sanitaria, proyectos de reducción de pérdidas y una capacidad permanente de defensa jurídica comercial. La cooperación con Estados Unidos y Canadá podría contribuir significativamente a esos objetivos mediante intercambio de información, coordinación logística y mecanismos de respuesta ante contingencias.

2050 debe ser el horizonte de la transformación. Para entonces, la agricultura tendrá que haber avanzado hacia una distribución territorial más compatible con la disponibilidad de agua, las condiciones climáticas y la conservación de los suelos. El país necesitará capacidades científicas más sólidas, una industria agroalimentaria menos expuesta a insumos únicos, mejores conexiones entre regiones productoras y consumidoras y una red logística con alternativas suficientes para responder a interrupciones graves.

La transformación deberá incluir a las comunidades rurales. El envejecimiento de los productores, la migración y la falta de oportunidades pueden comprometer la transmisión de conocimientos y la continuidad de las actividades agrícolas. La agricultura del futuro no puede sostenerse sobre una idealización sentimental de la pobreza rural: requiere propiedad segura, asociaciones productivas, servicios, ingresos y mercados.

2075 debe ser el horizonte de la conservación de posibilidades. Nadie puede establecer hoy con certeza qué cultivos dominarán dentro de medio siglo, qué tecnologías habrán transformado la producción o cómo se distribuirá el poder internacional. Una estrategia intergeneracional no debería imponer a quienes vivirán entonces una estructura productiva concebida para las circunstancias presentes. Su responsabilidad consiste en conservar los recursos y las capacidades que les permitan decidir.

El agua, la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la investigación científica, la calidad institucional y la libertad económica constituyen un patrimonio cuyo valor no puede calcularse exclusivamente mediante los precios actuales. Una generación puede transformar legítimamente las actividades que recibió de sus antecesores. Lo que no debería hacer es destruir las condiciones que permitirán a sus descendientes transformarlas nuevamente.

Las generaciones presentes no han creado íntegramente los bienes que poseen. Han recibido tierras cultivadas, instituciones, conocimientos, vínculos comunitarios y recursos naturales cuya existencia precede a sus decisiones. El progreso auténtico no consiste en destruir la herencia recibida, sino en desarrollarla sin cancelar las posibilidades de quienes vendrán después.

VIII. La medida de una nación

La historia económica de México ha estado marcada por una tensión persistente entre sus extraordinarias posibilidades materiales y la dificultad para convertirlas en prosperidad estable. La agricultura participa plenamente de esa contradicción.

El país posee diversidad climática, conocimientos productivos, una posición geográfica privilegiada y una integración comercial que le ofrece ventajas considerables. Sin embargo, esas condiciones no garantizan por sí solas la continuidad del abastecimiento ni la conservación de los recursos que lo hacen posible. La geografía ofrece oportunidades. No sustituye la prudencia política.

México debe resistir dos tentaciones igualmente perjudiciales. La primera consiste en imaginar que la soberanía exige producirlo todo dentro de sus fronteras, aunque los costos económicos y ambientales resulten desproporcionados. La segunda consiste en confiar enteramente en la continuidad de cualquier estructura comercial, como si la abundancia de los mercados fuera independiente de las circunstancias políticas, climáticas y materiales que los sostienen.

Entre el aislamiento y la dependencia existe un espacio amplio para la inteligencia estratégica. Allí se encuentran la cooperación norteamericana, la complementariedad con otros mercados, la conservación de capacidades nacionales, las reservas proporcionadas, la investigación científica, las instituciones confiables y las infraestructuras capaces de resistir interrupciones.

La seguridad alimentaria no puede construirse únicamente desde los ministerios. Depende del trabajo de agricultores, ganaderos, investigadores, transportistas, industriales, comerciantes y comunidades. La tarea del poder público consiste en proteger las condiciones que permiten desarrollar esas actividades y atender los riesgos que exceden las posibilidades de cada una.

Pero la historia de una nación no se encuentra contenida únicamente en las decisiones de sus gobernantes ni en la riqueza que registra su economía. Permanece también en las familias que transmiten una heredad, en las comunidades que conservan sus vínculos, en los conocimientos adquiridos durante generaciones y en las instituciones que permiten a los hombres trabajar y convivir conforme a la justicia.

La tierra y el agua no son simples existencias disponibles para satisfacer las necesidades de una época. Forman parte de un patrimonio recibido, cuyo aprovechamiento impone obligaciones que no terminan en quienes actualmente lo poseen o administran.

La responsabilidad política consiste en reconocer ese orden de bienes, proteger las libertades legítimas y procurar que la prosperidad presente no se construya mediante la destrucción de las posibilidades futuras.

México necesita seguridad alimentaria porque necesita conservar su independencia; pero necesita conservar su independencia para algo más alto que la simple afirmación de su poder: para que la vida de su comunidad histórica pueda desenvolverse en condiciones de justicia, libertad y continuidad.

La medida de una nación no reside, en último término, en la cantidad de recursos que consigue dominar, sino en la rectitud con que los administra, en la fortaleza de las comunidades que la constituyen y en los bienes que es capaz de transmitir.

Porque una generación no es propietaria absoluta de la patria que ha recibido. Es, durante el tiempo que le corresponde, responsable de su conservación y de su entrega.

Y ninguna prosperidad merece verdaderamente ese nombre si para alcanzarla es necesario consumir el porvenir de quienes todavía no han nacido. ●